El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició hoy la que debe ser la última audiencia del juicio sobre unas supuestas irregularidades en la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014, que sellará la suerte del actual mandatario.
En esta sesión, el instructor del caso, Herman Benjamin, concluirá la lectura de su informe, del que ya ha adelantado que pedirá la anulación de la victoria obtenida en las urnas por Rousseff y Temer hace tres años, lo que equivale a pedir la destitución del gobernante.
Luego se manifestarán los otros seis miembros de la corte, entre los cuales cuatro han expresado dudas sobre la validez del material probatorio presentado por la acusación.
“Creo que estamos llegando al final de este importante juicio”, dijo el presidente de la corte, Gilmar Mendes, al abrir la sesión.
Temer heredó el poder el año pasado después de la destitución de Rousseff por la gestión irregular de los presupuestos y, aún con una sentencia condenatoria del tribunal electoral, pudiera conservarlo hasta que se juzguen todas las apelaciones previstas para el caso.
El primer recurso puede ser presentado ante el propio Tribunal Superior Electoral, y en caso de ser rechazado, la legislación prevé otras apelaciones que llegan incluso hasta el Supremo, la máxima corte, en un proceso que puede demorarse meses.
En el entorno de Temer, sin embargo, se apuesta a que cuatro de los siete magistrados se inclinarán por negar las acusaciones que pesan contra la fórmula Rousseff-Temer, que se apoyan sobre todo en asuntos de financiación ilegal de la campaña con dinero originado en la trama corrupta de la compañía estatal Petrobras.
Uno de los puntos en que se apoya la acusación es una confesión del grupo Odebrecht, que ha admitido que aportó 150 millones de reales (hoy 45 millones de dólares) a esa campaña y que ese dinero fue fruto de sobornos pactados a cambio de varios contratos que le fueron adjudicados por la petrolera.
Los abogados de Temer y Rousseff han demandado la nulidad de las pruebas recogidas con Odebrecht, alegando que fueron introducidas durante el curso del proceso y no constaban en la acusación inicial, por lo que su utilización violaría el derecho a una amplia defensa.
