El pleno del Constitucional decidió, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a dos de los integrantes de la Mesa, que es su órgano rector.
Se trata de las medidas que había solicitado el Gobierno español en su recurso, que jurídicamente se denomina incidente de ejecución.
En ese recurso el Ejecutivo advertía de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de la declaración secesionista, que fue aprobada en una votación secreta por setenta votos a favor, dos abstenciones y diez votos en contra, mientras más de medio centenar de diputados abandonaba el hemiciclo en desacuerdo con la iniciativa.
El Tribunal Constitucional tenía un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión y ha resuelto en menos de diez días.
En el recurso, además, el Gobierno español reclamó al Constitucional que anulara urgentemente la declaración al considerar que podía “producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos”, en lo que considera el “atentado más grave contra el orden constitucional”.
Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico están convocados mañana jueves ante el Tribunal Supremo para prestar declaración por los supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros.
