En la última semana, se ha reanudado el conflicto suscitado entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal ilegal sobre el río masacre, obra que, según el presidente Luis Abinader, levanta un grupo de empresarios haitianos con el apoyo de políticos de ese país.
Los haitianos se niegan a detener la obra hídrica, mientras el gobierno haitiano se declaró sin poder para hacer cumplir el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado por ambos países hace 94 años.
El 20 febrero de 1929 se llevó a cabo el acuerdo que prohíbe que Haití o República Dominicana hagan obras que desvíen el curso de alguno de los ríos que corren entre ambas naciones. Lo que se pretende realizar en el país vecino.
La República Dominicana comparte varias cuencas transfronterizas con la República de Haití, como las de los ríos Artibonito, Dajabón, Soliette y Pedernales, así como los acuíferos Artibonito, Dajabón, Los Lagos y Pedernales.
El artículo 10 establece que: “En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.
Ese mismo artículo en su párrafo I, no prohíbe el consumo del agua de forma equitativa en su propio territorio para la irrigación, la agricultura o la industria, pero enfatiza que desviar su caudal.
