El Tribunal Constitucional (TC) realizó el primer coloquio constitucional virtual, organizado por su Centro de Estudios Constitucionales.
El objetivo del evento es promover iniciativas de estudio sobre derecho constitucional y derechos fundamentales. En esta primera versión, abordó “El origen, la evolución, las particularidades, los aportes y los desafíos pendientes del constitucionalismo dominicano”.
La actividad contó con la participación del presidente del TC, doctor Milton Ray Guevara; el catedrático y jurista Eduardo Jorge Prats, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, y la doctora. María Elena Vásquez Taveras, presidenta de ProCompetencia, acompañados por la estudiante de Derecho Vianca Elizabeth Castillo Carmona, quien representó a la clase estudiantil y tuvo a su cargo la relatoría.
Origen y evolución
Al iniciar su intervención, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara se refirió a los principales elementos presentes en el origen y la evolución del constitucionalismo dominicano, enfatizando que éste nace de manera errónea, y que a pesar de tener como origen la Constitución de 1844, (de inspiración liberal) el virus del autoritarismo se le inoculó a partir del artículo 210, que sirvió para fusilar a héroes destacados en la historia dominicana.
“A pesar de que era una Constitución liberal, basada en la Constitución norteamericana y las constituciones francesas de 1799 y 1814, la declaración del hombre y del ciudadano, la Constitución haitiana de 1843 –de la cual fueron copiados 113 artículos–, el manifiesto del 16 enero de 1844 y el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte (el dominicano que mejor conocía de las instituciones políticas) fue todo opacado con el artículo 210”, afirmó.
El jurista y catedrático Eduardo Jorge Prats se refirió a los aportes del constitucionalismo dominicano, incluyendo su apreciación sobre la influencia de la jurisdicción constitucional, destacando el importante rol del Constitucional en la promoción de la cultura constitucional y en el fomento del diálogo relacionado con el derecho constitucional para construir una ciudadanía democrática, consciente de sus derechos, cuyo beneficio es el mejoramiento de la calidad de vida.
