El Tribunal Supremo francés rechazó ayer la demanda de un ciudadano que nació con atributos masculinos y femeninos y que pretendía ser inscrito en los documentos oficiales con el sexo neutro.
La máxima instancia judicial francesa consideró que esa petición no figura en el ordenamiento jurídico galo y que el perjuicio causado al demandante por ello “no es desproporcionado”.
En caso de haber admitido la demanda, el Supremo habría obligado al país a cambiar la legislación para incluir un tercer sexo en el estado civil de sus ciudadanos, algo que ya han hecho otros países como Alemania, Australia o Nepal.
El demandante, que en la actualidad tiene 66 años, nació sin ovarios ni testículos, con una vagina rudimentaria y un micropene, sin que su cuerpo generara ninguna hormona sexual.
De niño, sus padres decidieron que era un hombre y así fue educado toda su vida, pese a su aspecto femenino.
A los 35 años recibió el primer tratamiento de testosterona para masculinizarle. En 1993 se casó y adoptó un hijo.
Convencido de que no es un hombre, acudió a la justicia, que en primera instancia le dio la razón en agosto de 2015.
Pero ese veredicto adoptado por el Tribunal de Tours, en el centro del país, fue rectificado en marzo de 2016 por el de Apelación, lo que llevó el caso hasta el Supremo.
Esta instancia considera que el hecho de que haya dos opciones de sexo es “necesaria par la organización social y jurídica” del país.
Reconocer una tercera categoría, señala el tribunal, “implicaría numerosas modificaciones legislativas”.
Además, que el demandante fuera considerado un hombre, que se casara y adoptara un hijo demuestra que “era percibido por la sociedad como un hombre, tal y como figura en su partida de nacimiento”.
El demandante puede ahora recurrir la sentencia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
En Francia cada año nacen 200 bebés con ambigüedad sexual y la ley permite que durante un año no sean inscritos con ningún sexo, pero obliga a hacerlo acabado ese periodo.
El país fue condenado en tres ocasiones el año pasado por la ONU por las intervenciones quirúrgicas a las que sometió a bebés que nacieron con esa ambigüedad sexual, para decantarles por un sexo.
