“La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas en Cuba fue sustancialmente inferior que en 2016, pero igualmente alta, y hubo más de 3.700 señalamientos de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2017”, señaló un informe de Human Rigths Watch (HRW).
Para la organización de derechos humanos, el régimen “sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos” para “castigar el disenso y la crítica pública”.
Sobre detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración, el documento recordó que aumentaron de manera drástica entre 2010 y 2016, de un promedio mensual de 172 incidentes a 827, basado en las estadísticas de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
La cantidad de detenciones disminuyó significativamente en 2017, con 4.537 detenciones arbitrarias reportadas entre enero y octubre, lo cual supone una reducción del 50% respecto del mismo período en 2016, destacó.
HRW condenó que “los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos” y que en algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias, “que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva”.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos y pone como ejemplo a las Damas de Blanco.
Acerca de la libertad de expresión, HRW recogió en su informe que el Gobierno controla todos los medios de comunicación y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
“Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El Gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios web dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a internet y a su elevado costo”, precisó.
“Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser objeto de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias. Lo mismo sucede a artistas y académicos que exigen mayores libertades”, indicó el informe.
Detalló hechos ocurridos a Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, y de su colega Sol García Basulto.
También recogió el caso de los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos José Carlos Girón Reyes, los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró, quienes fueron detenidos el 26 de julio tras llevar a cabo una protesta pública en reclamo de “justicia, libertad y democracia” en Santiago de Cuba.
Presos políticos
El reporte de HRW se hizo eco también de la situación de decenas de presos políticos —incluidos 54 miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)— que permanecían en las cárceles del régimen hasta mayo de 2017.
“El Gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes, las cuales creen que habría más presos políticos, y cuyos casos no pueden documentar”, denuncia el informe.
“Los cubanos que critican al Gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías al debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están ‘subordinados’ al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial”, añadió.
HRW recordó el caso del Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, condenado a tres años de prisión el 20 de marzo tras la muerte de Fidel Castro y del activista Jorge Cervantes García, de la UNPACU, ya liberado pero que fue condenado por haber publicado algunos videos que denunciaban maltratos en una cárcel cubana y corrupción entre las autoridades del país.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Para HRW, las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 permitieron viajar a numerosos críticos del régimen, sin embargo “otorgaron al Gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de ‘defensa y seguridad nacional’ u ‘otras razones de interés público'”.
“Estas medidas han permitido que las autoridades impidan la salida de personas que expresan desacuerdo con el Gobierno”, condenó la ONG.
También criticó que el régimen “restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones”.
“En junio, la CCDHR registró la mayor cantidad de restricciones a la libertad de circulación en varios años: se impidió que al menos 29 personas viajaran al extranjero para asistir a conferencias internacionales y otros eventos”, destacó el informe de HRW.
Condiciones en centros de detención
“Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados”, señaló HRW.
“No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al Gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta (y) a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica”, añadió.
“Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles”, concluyó.
Derechos laborales
HRW consideró que “aunque (el Gobierno de) Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación, negociación colectiva, protección salarial y prohibición del trabajo forzado”.
“Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba solo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba”, indicó.
Defensores de derechos humanos
Destacó cómo el Gobierno cubano “niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos” y que “común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos”.
En tal sentido puso el ejemplo de Cubalex, que brinda asesoría legal gratuita, y cuya sede fue allanada por la Policía en 2016.
El informe también recordó que en abril, la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas visitó Cuba e instó a que se adoptaran nuevas leyes y medidas más enérgicas contra la trata, como hiciera el experto independiente de la ONU sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional en julio de 2017, quien instó a La Habana “a ratificar tratados internacionales fundamentales, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos Facultativos”.
HRW relató en su informe cómo el régimen le negó el ingreso a Cuba al Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Estaba previsto que Almagro recibiera un premio a la democracia que lleva el nombre del opositor Oswaldo Payá, entregado por la organización latinoamericana Jóvenes por la Democracia. El gobierno también negó visas a la exministra chilena Mariana Aylwin, al expresidente mexicano Felipe Calderón y a miembros de Jóvenes por la Democracia.
Por último, HRW citó el recién firmado acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen, que puso fin a la “Posición Común”, y que ha sido muy criticado por sectores de la oposición, así como que La Habana, paradójicamente, fue reelegida en octubre de 2016 para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2017-2019.
