El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aseguró que el principal verdugo que tiene el pueblo haitiano es su propio Estado, que no le ha garantizado ni siquiera la identidad.
El legislador, de esa forma, le sale al frente a declaraciones que hiciera el primer ministro haitiano, Evans Paul, quien afirmó que su país no tiene que disculparse frente a la República Dominicana por considerarlo el verdugo de los haitianos.
“El principal verdugo del pueblo haitiano es el propio Estado haitiano que no le ha garantizado identidad, higiene, ecología y estabilidad a ese país”, señaló.
Asimismo, agregó que las autoridades haitianas han hecho que los haitianos permanentemente vivan en revueltas y conflictos, tras expresar su deseo de que ellos tomen la decisión que les convenga.
El presidente de los diputados sin embargo entiende que de este lado de la isla que se llama República Dominicana, donde hay un gobierno con el favor popular, que respeta las leyes y que impulsa políticas responsables de migración y políticas internacionales y locales tiene todo el derecho a decidir su destino.
“La República Dominicana lo que pide es respeto, al igual que como nosotros los respetamos a ellos. Que hagan lo que ellos entiendan, que retiren su delegación diplomática, esa es su decisión, esa es su soberanía”, manifestó Martínez.
En tanto, consideró que la responsabilidad del pueblo dominicano es documentar y regularizar a todo aquel que esté en el territorio dominicano, tras afirmar que ese proceso no lo detendrá nada ni nadie.
Agregó que quien no se adapte a las leyes y a las normas dominicanas y “que crea que esto es un desierto o crea que esto es una selva, se equivocó y tendrá que salir del país”.
Insistió en que las leyes y las normas dominicanas se harán cumplir siempre como se ha hecho, respetando los derechos humanos.
Indicó que como Congreso Nacional, la Cámara de Diputados aprobó la integración de una Comisión Especial que le dará seguimiento a todo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y a defender en los foros internacionales y en los parlamentos de todo el mundo la autoridad legal del país de tomar las decisiones para garantizar la soberanía nacional.
