Santo Domingo. Si además de cumplir con la asignación de ley del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación, el Gobierno asume los porcentajes fijos establecidos por distintas legislaciones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (5%), los ayuntamientos (10%) y la Justicia (4.10% para el Poder Judicial y Ministerio Público), por mencionar algunos sectores beneficiarios de este régimen especial, restaría un 38% a los RD$630,934 millones presupuestados para el próximo año.
Y si a esta inversión le sumáramos lo dispuesto en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el subsidio eléctrico ($40,905 millones) y el pago de intereses de deuda ($88,017 millones), el Gobierno comprometería el 48.4% de sus ingresos proyectados para el año 2015.
Para los economistas Henry Hebrard y Jeffrey Lizardo este choque entre realidad presupuestaria y aspiraciones de asignación evidencian la necesidad de poner en la lupa estas legislaciones presupuestarias especiales y, además, la urgencia de reestructurar los criterios de gastos e ingresos del Presupuesto General del Estado.
“En realidad esto responde a situaciones del pasado. Lo ideal es revisarlo y sincerizar. Si no se ha podido cumplir, entonces hay que modificar esas leyes, o bien para adecuar los porcentajes o bien para volver al concepto de administración pública y es que todos los fondos deben ir a una caja y de este fondo después distribuirse en función de cómo son las cosas”, apunta Hebrard.
Mientras que Lizardo señala que no está de acuerdo con la asignación de un porcentaje fijo de los ingresos a un área determinada. “En lo que estoy de acuerdo es que la financiación tiene que darse sobre la base de resultados y metas”, expresa.
Ambos coinciden en apuntar la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establecida por la Ley 1-12, como punto de referencia para repensar esta estructura presupuestaria.
Discusión desde END
El economista Jeffrey Lizardo considera que la discusión sobre estas leyes debería darse en el marco de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece un programa de metas proyectas para República Dominicana de manera escalonada hasta el año 2030, y en el Pacto Fiscal que ésta contempla con el fin de un proceso de reestructuración fiscal y que incluye el aumento de la presión tributaria, que para el próximo año debería ser de un 16% pero que en el Presupuesto del 2015 solo alcanza un 14%.
“Dentro de ese pacto hay que revisar todos los porcentajes asignados por ley y ver sobre esa base la factibilidad de mantenerlos y cómo se van a financiar. Lo que está claro es que el Presupuesto, y ninguno de los presupuestos de los últimos años, son suficientes. O sea, los ingresos no son suficientes para cubrir esos porcentajes que mandan las leyes”, expresa.
Y es sobre la base de la END en la que también debería, de acuerdo al economista Henry Hebrard, establecerse las prioridades del gasto. “Distribuir las asignaciones no en función de los ingresos, sino de los gastos. Si hay que distribuir los porcentajes hay que hacerlo en función de los gastos, no en función del PIB como se hizo en el caso de la Educación”.
Señala Lizardo que salvo las áreas de educación y salud, en las que END dispone metas de porcentajes fijos para el próximo año de 2015 de un 5% del PIB para educación y de un 2.8% para salud, “lo otro debería darse en base de metas y resultados, porque hacía ahí debería ir el Presupuesto de la Nación, un presupuesto por resultados. ¿Qué significa? Que yo financio la meta específica, no financio por financiar”.
“Hay espacios para reasignar. Vamos a limitar o no entregarles recursos a instituciones a algunas instituciones descentralizadas que tienen ingresos propios, que pueden mejorar sus ingresos y esos recursos vamos a liberarlos para otros programas que si tienen impacto, y eso tiene mucho que ver con la calidad del gasto”, considera Lizardo.
