El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, sugirió ayer al Congreso crear la figura del desacato, para establecer sanciones penales por incumplimiento a las decisiones judiciales y constitucionales.
Consideró necesario que en una reforma de la legislación penal quede configurado el desacato como una infracción contra la autoridad de las sentencias firmes. “Se trata de una especie de infracción penal que carece de regulación en el ordenamiento dominicano”, precisó.
Propuso que cuando se trate de una sentencia del Tribunal Constitucional la sanción debe ser agravada, porque en ese supuesto no solo se atentaría contra la autoridad particular de un mandato judicial, sino contra la eficacia general de los precedentes constitucionales como fuente del derecho y mandato reforzado de condena en caso de sentencias estimativas de tutela de derechos fundamentales.
Argumentó que el legislador debe desarrollar esa figura jurídica a que se contrae el artículo 87 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, sobre incumplimiento de los mandatos y requerimientos de los jueces constitucionales.
Abogó también porque se establezcan supuestos de responsabilidad disciplinaria contra funcionarios que no cumplan con los requerimientos que realice el Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus sentencias.
Dijo que el TC ha sido sumamente cuidadoso con el tema del desacato de las sentencias y que para una mejor edificación habría que analizar los pocos casos de posible desacato uno a uno.
“Pero, lo que no podremos aceptar nunca es que volvamos a la etapa superada, enemiga de la seguridad jurídica y del respeto a los derechos ciudadanos, del desconocimiento por parte de los poderes públicos, de las decisiones de nuestros tribunales”, advirtió.
Durante un discurso de rendición de cuentas, con motivo del quinto aniversario del TC, Ray Guevara lamentó que a siete años de la Constitución del 2010, ningún órgano constitucional, ni el Congreso Nacional, hayan adoptado iniciativas para la aprobación de importantes legislaciones que requiere la Carta Magna para desplegar todas sus potencialidades, con lo cual afirmó ha quedado afectada la eficacia normativa y directiva de la Constitución.
Citó entre esas legislaciones la relativa a la delimitación territorial, la de los mecanismos de participación local, las consultas populares mediante referendo y la de partidos políticos.
