SANTO DOMINGO. Como parte de “intereses geopolíticos y económicos” consideró ayer el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) la acusación de que tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional se ha creado una población de apátridas, cuando lo que se ha realizado es “la reforma migratoria más profunda, integral e inclusiva, de toda América”.
Durante una ponencia magistral dictada anoche en la Biblioteca Nacional, Roberto Rosario sostuvo que el Plan Nacional de Regularización y la Ley 169-14, que lo aplica, son instrumentos complementarios de la sentencia del TC, que limita la adquisición de la nacionalidad dominicana.
Aseguró que estas medidas se implementan “con absoluto apego y respeto a la dignidad de las personas”, sin embargo “no se ha detenido la campaña de descrédito internacional, que usa la institución de la apatridia como excusa para forzar a nuestro país a asumir toda la carga de la desbordada migración de nacionales haitianos”.
Rosario consideró en su discurso que los organismos internacionales parecen hacer “un estatuto particular para la apatridia”, contrario a lo que apuntó establecen las convenciones Americana de los Derechos Humanos, y para Reducir los Casos de Apatridia, señalando que de esta última no es signatario.
“No es ocioso recordar lo preceptuado en el artículo 20 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que le reconoce el derecho a acceder a la nacionalidad, a los nacidos en un territorio, al hecho incontrovertible de que no tenga derecho a otra”, expresó Rosario.
Reitero que en el caso de los haitianos y su descendientes no existe la posibilidad de apatridia, debido a que la Constitución establece el criterio de “iu sanguinis”, que sostuvo no es excluido por el “iu solis”. esa situación, dijo, ha sido aplicada a hijos de dominicanos en España y Colombia.
