El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, ordenó este lunes una investigación sobre las circunstancias en que fue ordenada la libertad “pura y simple” de cinco venezolanos a los que el Ministerio Público le atribuye traficar con 359 kilos de cocaína.
En nota enviada a ALMOMENTO.NET la SCJ se explica que la medida fue adoptada acogiéndose a las facultades que le otorga el Reglamento de Control Interno del CPJ, e instruyó para que una vez se obtengan los resultados de las pesquisas, sea rendido un informe donde se ofrezcan los detalles del caso.
La decisión está contenida en el acta 10/2016, mediante la cual se ordena al Departamento de Inspectoría General la realización de una investigación al respecto.
La jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, Aristida Mercedes, conoció una solicitud de medida de coerción en contra de los venezolanos Carlos Justiniano, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, de 38, y Jean Carlos Díaz, de 35, a quienes se atribuye el cargamento de estupefaciente, supuestamente ocupado en el interior de un avión Cessna, modelo C404, matrícula YV2708 en que volaron desde Barquisimeto, Venezuela, hasta el Aeropuerto Internacional de La Romana.
Abogado
Valentín Medrano, abogado de los cinco venezolanos liberados horas después introducir 359 kilos de cocaína por el aeropuerto internacional de La Romana, dijo que la decisión de la jueza se basó en las violaciones de derechos procesales cometidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
“Todo agente objeto de una persecución tiene garantías de derecho que la establece la Constitución de la República y mire, a esa magistrada yo nunca la había visto en mi vida ni creo que los imputados la conozcan, no tengo nexos con ella, esa señora dio una decisión de valor”, aclaró.
Los imputados son los venezolanos Carlos Justiniano, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, de 38, y Jean Carlos Díaz, de 35 años. La DNCD hizo las cosas mal y como consecuencia la jueza solo aplicó lo que establece la Ley, expresó Medrano en un programa radial.
“Entre las violaciones de derecho procesal y de carácter de índole constitucional está el hecho de que para interdictar una nave se necesita una orden judicial previa, en todo caso la interdicción se hizo y es entonces cuando la solicitan al Ministerio Público y se supone que quien dirige las investigaciones en este país es el Ministerio Público, manifestó.
Dijo, además, que la orden judicial se pidió por teléfono y que no fue presentada en el plenario. “En ese lugar cerrado (la Oficina judicial de atención permanente) es prohibido sacar a la luz pública el proceso judicial, pero en este país una parte minúscula de la sociedad no cumple la Ley, pero lo peor es que no hay consecuencias”, dijo.
Señaló que por las violaciones de derecho procesal ahora no se puede determinar si la droga les fue hallada a los venezolanos.
“No hay manera de saber si la droga estaba ahí”, precisó, para luego agregar que cuatro de los cinco arrestados ya estaban cerca de San Pedro de Macorís, o sea que ya habían salido del aeropuerto y pasado por Migración.
