Se espera que República Dominicana experimente daños por desastres de por lo menos US$1,680 millones (2.7% del PIB) cada 20 años. Esta estimación está contenida en el estudio “Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres en República Dominicana” y es un llamado de alerta para que el país desarrolle una estrategia de gestión financiera del riesgo.
En este reporte se estima, basándose en datos históricos, que el daño anual promedio en el país asociado a desastres, principalmente de origen hidrometeorológicos, se sitúa en los US$420 millones (0.69% del PIB).
Pero indica que, según estas estimaciones, la probabilidad de que los daños por desastres alcancen US$1,680 millones o más en un año dado es del 5%”.
En los casos extremos, como los ciclones, los daños pueden exceder los US$1,997 millones (3.3% del PIB), establece el documento.
El Presupuesto General del Estado 2017 contempla un fondo de más de RD$594 millones para imprevistos y calamidades, como los desastres naturales.
Algunos ejemplos
Aunque es difícil predecir cuánto gastará el Gobierno por el paso en este mes de los huracanes Irma y María, y todavía es muy rápido para determinar las pérdidas económicas de los sectores productivos, indudablemente esto podría afectar las finanzas públicas. Los registros del impacto macroeconómico de eventos anteriores así lo evidencian.
De acuerdo al referido estudio, publicado en el 2015 por el Banco Mundial y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el impacto del huracán Georges en 1998 se estimó en alrededor de US$2,624 millones. Se calcula que los daños y pérdidas económicas provocadas por este ciclón alcanzaron el 14% del producto interno bruto (PIB).
Los daños y las pérdidas de las tormentas Noel y Olga en el 2007 se estiman en un 1.2% del PIB y con un monto US$437 millones.
El estudio establece que el número de eventos que impacta a Republica Dominicana ha crecido tendencialmente en los últimos 50 años, por tanto, advierte que esto puede “representar un riesgo importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
