Santo Domingo, 8 oct (EFE).- El grupo Dominicanos por Derecho (DXD) rechazó hoy “categóricamente” las recientes acciones de la Junta Central Electoral (JCE), que supuestamente mantiene una “actitud desafiante a los mandatos del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional”, al establecer procedimientos distintos a los que contempla la ley 169-14, como es el caso de los interrogatorios y solicitud de pruebas a dominicanos ya inscritos en el registro civil.
Para el colectivo, la obstrucción “burda y deliberada de la ley” no tiene otro objetivo que utilizar un tema sensible y de gran interés nacional para distraer a la opinión pública que cuestiona el accionar de la JCE en otros ámbitos como la transparencia en la administración de sus fondos, además de constituirse en sí mismo en un despilfarro de recursos públicos”.
En un encuentro con los medios de comunicación y reseñado en una nota enviada a esta redacción, DXD solicitó la intervención del Presidente Danilo Medina, así como de diputados y senadores, para que se someta a la JCE al estricto apego del estado de derecho, destacando que las “faltas graves” en las que supuestamente incurre su incumbente, Roberto Rosario Márquez, lo hacen susceptible de un de juicio político.
“El ejercicio de los derechos fundamentales solo puede ser regulado por la ley según lo establece el artículo 74 de la Constitución; de manera que al limitar, restringir y/o suspender por vías de hecho los derechos reconocidos en el Código Civil y restituidos en la ley 169-14, la JCE incurre de igual forma en franca violación a la Constitución de la República”, dijo el abogado Manuel Dandré, portavoz de la plataforma.
Asimismo, Dominicanos por Derecho cuestionó que un organismo pueda de manera “arbitraria” privar de su derecho fundamental a elegir y ser elegidos a ciudadanos que ya han votado, son miembros o dirigentes de partidos políticos e incluso podrían ostentar actualmente cargos de elección popular, lo que resultaría “rotundamente inaceptable” en cualquier país que se reconozca a sí mismo como un estado social y democrático de derecho.
La entidad recordó que el pasado 23 de septiembre, la JCE convocó a 13,305 personas a entrevistas con inspectores bajo el alegato de agilizar los trabajos de auditorías, en la que se gestiona información o documentos para completar expedientes, en supuesta contradicción con la ley 169-14 que ordena devolver el acceso a sus actas de nacimiento y cédulas a los beneficiarios previamente inscritos en el Registro Civil, sin ningún trámite adicional a su cargo.
En los interrogatorios, continúa señalando DXD, a los que no se permite la asistencia de defensores legales, los inspectores de la JCE deciden sobre la nulidad de las actas de nacimiento y el envío inmediato al libro de extranjería sin que antes medie un proceso judicial como manda la ley, infringiendo, además, las normas del Código Civil que disponen las actas de nacimiento se tengan “por fehacientes, mientas no sea declarada su falsedad”.
“En un verdadero estado de derecho, no es posible que funcionarios públicos se adjudiquen la facultad de inventarse y aplicar sus propias normas y procedimientos administrativos al margen de las leyes legítimamente emanadas por el Poder Legislativo en representación del pueblo”, concluye la plataforma de organizaciones de la sociedad civil que trabaja con dominicanos afectados por la sentencia 168-13
