El Gobierno español consideró hoy que es “muy pronto” para decir cuándo deben celebrarse las elecciones regionales en Cataluña, a pesar de que los socialistas del Partido Socialista (PSOE)y los liberales de Ciudadanos confirmaron hoy que han pactado con el Ejecutivo que esos comicios se celebren el próximo mes de enero.
La convocatoria electoral sería parte del acuerdo para que el PSOE y los liberales de Ciudadanos (ambos en la oposición) apoyen las medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobará mañana para restaurar la legalidad constitucional frente al desafío independentista de los gobernantes catalanes.
En rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, opinó que lo primero debe ser restablecerse la legalidad, recuperar la convivencia y el sosiego en esa región española y devolver la neutralidad a las administraciones públicas catalanas.
“Son medidas que no se hacen de un día para otro”, señaló antes de reconocer que lo normal es que ese proceso acabe luego con la convocatoria de elecciones.
La representante del PSOE en las negociaciones con el Gobierno, Carmen Calvo, confirmó esta mañana que los socialistas habían pactado con el Ejecutivo que las elecciones sean en enero.
En declaraciones posteriores Calvo matizó que el acuerdo con el Gobierno es para que las medidas para restituir la legalidad en Cataluña desemboque en una convocatoria de comicios y que, para los socialistas, “pueden ser en enero”.
También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró hoy a a la prensa que pactó el miércoles pasado con Rajoy la convocatoria de elecciones en Cataluña para enero a cambio de apoyar esas medidas.
En Bruselas, tras asistir al Consejo Europeo, Rajoy se limitó a decir que “todas las medidas” se anunciarán mañana después de la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno español ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica (región) no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado para su aplicación efectiva.
Esas medidas podrían afectar al control de las finanzas públicas y las fuerzas de seguridad regionales de Cataluña, entre otras.
