El Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto, con sede en Nueva Orleans (EE.UU.), uno de los más conservadores del país, celebrará mañana una audiencia para decidir sobre la legalidad de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, suspendidas por un juez federal de Texas en febrero.
Se trata del mismo tribunal que en mayo ya falló en contra del recurso de urgencia con el que la Administración Obama pretendía levantar esa suspensión temporal e implementar el programa de regularización a la espera de un fallo definitivo, que no se espera para antes de mediados de 2016.
Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith, dos de los tres magistrados que participaron en la decisión de mayo y ambos conservadores, repiten esta vez, por lo que las expectativas de los partidarios del programa de obtener aquí una victoria se consideran bajas.
Completará el panel de tres magistrados en el tribunal de Nueva Orleans la progresista Carolyn Dineen King.
Tras escuchar los argumentos de la Administración Obama y de la coalición opositora encabezada por el estado de Texas, los tres magistrados deberán decidir si el programa presidencial que busca regularizar a cerca de cinco millones y medio de inmigrantes indocumentados es legal, o no.
En caso de un fallo desfavorable, el Departamento de Justicia aún puede recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que recientemente tomó decisiones favorables a la Administración en asuntos clave como el matrimonio entre homosexuales o el programa de subsidios para pagar seguros médicos conocido como “Obamacare”.
De hecho, el Gobierno renunció en mayo a presentar el recurso de urgencia ante el Alto Tribunal tras el primer revés en Nueva Orleans para centrarse en el asunto de fondo: la legalidad de las medidas.
La coalición opositora, que agrupa a 26 de los 50 estados del país, en su mayoría republicanos, interpuso la demanda contra el paquete de medidas al considerar que el presidente se había extralimitado en sus poderes, ya que las competencias corresponden al Congreso.
La primera victoria para la coalición opositora llegó el 16 de febrero, cuando el juez federal Andrew Hanen suspendió temporalmente el programa días antes de su entrada en vigor.
Con esa decisión quedó sin efecto la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa de 2012 que desde entonces ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes.
También quedó suspendido el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que debía implementarse en mayo y pretendía amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
En Nueva Orleans se esperan para este viernes protestas de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes y también de personas que se verían beneficiadas con las medidas migratorias de Obama y conseguirían con ellas una protección para no ser deportadas por encontrarse actualmente sin papeles en el país.
