El informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que acaba de estar en el país reconoce el robusto crecimiento, con baja inflación y fortalecimiento de la “posición externa”, pero advierte los riesgos de insostenibilidad financiera por los persistentes déficits fiscales y elevado nivel de endeudamiento, formulando un paquete de recomendaciones.
Es uno de los informes del FMI con mayores advertencias y recomendaciones y refuerza los reclamos sociales del Pacto Fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, no solo para mayores tributos, sino especialmente para la disciplina en el gasto, eliminación de fuentes de corrupción y dispendio y contención del endeudamiento.
Reconoce alto crecimiento. El análisis del informe del FMI publicado esta semana indica un reforzamiento de los reclamos nacionales de cambios de política económica para mejorar las capacidades productivas, promover mayor equidad y reducir la corrupción y la impunidad como mecanismo para legitimar la ampliación de la tributación y reducir los déficits sistemáticos de la última década y el consiguiente endeudamiento, en aras de la sostenibilidad financiera del país.
Más allá del reconocimiento del alto crecimiento económico en promedio de 7 por ciento en los últimos tres años, con baja inflación y mejoramiento de la posición externa, el documento advierte que la expansión se moderará alrededor del 5 por ciento desde este año, “en la medida en que las condiciones de financiamiento tanto externas como internas se tornen más restrictivas”, lo que implica su fuerte dependencia del endeudamiento público.
Favorece las políticas gubernamentales cuando plantea que “El vigoroso crecimiento sostenido y las políticas prudentes de los últimos años han ayudado a mejorar los indicadores sociales y fortalecer la confianza”, lo que parece contradictorio con las advertencias y recomendaciones posteriores.
Lo mismo al elogiar el “sesgo restrictivo de la política monetaria para a seguidas abogar por “seguir avanzando hacia un marco de tipo de cambio más flexible”.
Fuertes riesgos a la vista. El informe coincide con las advertencias de economistas y dirigentes empresariales y sociales sobre la sostenibilidad económica, no solo de origen nacional sino también internacional.
“Los principales riesgos se derivan de la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y de política de los socios comerciales externos, particularmente de Estados Unidos, los pronósticos de los precios del petróleo, las tasas de interés mundiales más elevadas de lo esperado y la consiguiente apreciación del dólar”, indica.
El lenguaje diplomático lleva a la misión a acreditarle al Gobierno una “restricción del gasto público y un decidido esfuerzo de mejora de la administración tributaria”, para contradecirse al decir que “los elevados déficits proyectados para el sector público consolidado (incluido el sector público financiero y no financiero) generarán presiones vinculadas con la sostenibilidad y viabilidad de la deuda”.
Eso cuando el Estado entró en el décimo año de déficits fiscales, cubiertos con duplicación de la deuda estatal consolidada, y que este año está presupuestado en 87 mil millones de pesos.
Reforma o el pacto fiscal. El documento del FMI evade hablar del “Pacto Fiscal” que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo siguiendo la prudencia diplomática, ya que el Gobierno lo ha evadido y busca aumentar los tributos de manera administrativa. Por eso algunos creen que solo postula la presión tributaria.
Plantea que “Se requerirá un importante ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda”, y luego sostiene que “La consolidación fiscal deberá sustentarse en una exhaustiva reforma que amplíe la estrecha base tributaria, amplifique el sistema impositivo y lo haga más equitativo”.
Para a seguidas precisar que “Esto deberá acompañarse de reformas para abordar el costo fiscal del sector eléctrico y elevar la eficiencia del gasto público”.
Ahí está contenido el concepto de reforma fiscal, que supera la simple elevación tributaria. Habla de un marco fiscal robusto consistente con los objetivos de sostenibilidad, con la !integración de los objetivos de responsabilidad fiscal” para fortalecimiento de la disciplina fiscal.
La responsabilidad fiscal ha sido unida al Pacto Fiscal por los sectores empresariales y sociales, por políticos y economistas dominicanos que han reclamado una ley específica al respecto.
El FMI coincide con un clamor nacional al expresar que “los beneficios de un mayor crecimiento se han distribuido de manera desigual y todavía quedan importantes cuellos de botella que afectan la productividad y el crecimiento a largo plazo”.
Múltiples recomendaciones. Entre las recomendaciones del informe resalta el mejoramiento del “clima de negocios”, de las instituciones y de la gobernanza, sin entrar en detalles, lo que implicaría el combate a la corrupción y la impunidad, algo que los técnicos no osarían mencionar en las actuales circunstancias, pero cabe también en la recomendación de elevar la eficiencia del gasto público.
Plantea la necesidad de concluir el Pacto Eléctrico, en discusión hace más de dos años, obstruido por la falta de transparencia en la gestión del sector, según han denunciado las contrapartes empresarial y social.
También coincide con las demandas nacionales de políticas para impulsar el empleo a través de mejoras del mercado laboral, la “graduación de los programas de asistencia social para integrarse a la fuerza de trabajo”, ampliación de la cobertura de la seguridad social, abordar los desafíos del sistema de salud pública y fomentar la formalidad en el mercado de trabajo.
