EL CAIRO (Reuters) – El expresidente egipcio Hosni Mubarak volvió el sábado a comparecer ante un tribunal que lo juzgará de nuevo por complicidad en el asesinato de manifestantes, en la reapertura de un caso que ha mostrado las dificultades de la justicia en la transición en Egipto.
Mubarak y su entonces ministro del Interior, Habib el Adli, fueron sentenciados a cadena perpetua en junio por no haber evitado una masacre durante las protestas que sacaron del poder en 2011.
La repetición del juicio se determinó después de que un tribunal de apelaciones aceptase en enero las apelaciones de los fiscales y los abogados defensores.
Mubarak, de 85 años, iba sentado en su camilla dentro de la jaula de los acusados. Vestidos con uniforme de presidiarios, sus dos hijos, Alaa y Gamal, estaban junto a él. Se enfrentan a cargos de corrupción.
El autócrata, que llevaba gafas de sol, levantó su mano para confirmar su asistencia al juez Ahmed el Rasheedy mientras leía la lista de acusados. “Presente”, dijo Mubarak. Movió su mano ante el juez para negar su responsabilidad en los cargos leídos por el fiscal.
La televisión estatal emitía en directo el transcurso del juicio.
Realizado en una academia de policía en las afueras de El Cairo bajo grandes medidas de seguridad, el juicio debió haber comenzado hace un mes, pero fue suspendido hasta ahora debido a que el anterior juez lo abandonó.
Mubarak está en la cárcel de Tora en las afueras de la capital. Sigue en la cárcel porque está acusado en otro caso de corrupción.
Mubarak, Adli y cuatro de sus principales ayudantes fueron acusados por su implicación en la muerte de más de 800 manifestantes en las revueltas.
PROTESTAS FUERA DEL TRIBUNAL
La entrada en prisión de Mubarak en junio fue un momento histórico – fue el primer mandatario que cayó por la Primavera Árabe en enfrentarse a un juicio.
Pero el caso escenifica las dificultades de la justicia en un país cuyas fuerzas de seguridad y judiciales todavía están en gran parte controladas por figuras nombradas durante su mandato.
Los fiscales se quejaron de que el Ministerio del Interior no había cooperado con las pruebas.
Los cuatro ayudantes de Adli fueron exonerados por la falta de consistencia de las pruebas, y el juez mandó a prisión a Mubarak y Adli por no haber parado la masacre, más que por haberla ordenado.
Fuera del tribunal, un pequeño grupo de manifestantes se reunía bajo un sol abrasador con pancartas pidiendo justicia.
“Tu madre te echa de menos, Ahmed”, mostraba un cartel, en relación a un manifestante muerto en 2011. Un grupo contrario de una docena de leales a Mubarak sostenían imágenes de el expresidente vestido como militar y con trajes.
Muchos egipcios están frustrados por el fracaso de los tribunales en conseguir que los funcionarios paguen por la violencia en las protestas y por lo que perciben como décadas de corrupción y abusos policiales.
El miércoles, un tribunal de apelaciones rechazó el recurso del fiscal a un veredicto que exoneró a decenas de acusados por un incidente durante una revuelta en la que hombres montados en camellos y caballos atacaron a los manifestantes en la plaza de Tahrir de El Cairo.
El juez pidió silencio mientras lo abogados de los familiares de las víctimas comenzaron a cantar contra Mubarak. “Venimos al juicio a escuchar, no a dar discursos”, dijo.
El abogado de Mubarak rechazó la ayuda de un grupo de abogados de Kuwait que llegaron ofrecer su asistencia – lo que generó otra oleada de protestas en la sala.
Se espera que los fiscales mencionen el resultado de una comisión de investigación del presidente Mohamed Mursi el pasado año.
Mursi ha sido criticado por no revelar el informe. Las filtraciones publicadas por el diario británico Guardian el mes pasado acusaban a los militares de estar implicados en torturas, muertes y desapariciones durante las protestas – unas acusaciones que los militares niegan.
