El equipo de abogados que representa al Estado solicitó este lunes una indemnización de 12,707. 8 millones de pesos por los daños y perjuicios sufridos por la corrupción que, según el Ministerio Público, se desarrolló en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) durante la gestión de Hugo Beras (2022-2023).
Beras encabeza junto con el empresario tecnológico Jochi Gómez el grupo de diez acusados de también estafar al Estado, provocar el sabotaje en la red semafórica y de terrorismo.
Según el órgano acusador, los actos de sabotaje y terrorismo contra los semáforos en agosto del 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcore Latam, propiedad de Gómez.
El acuerdo del Intrant con Transcore Latam, por más de 1,300 millones de pesos, se hizo para la modernización de los semáforos y, al este suspenderse por la Dirección General de Contrataciones Públicas, Gómez habría provocado el apagón, en varias ocasiones, en esos dispositivos en el Distrito Nacional.
El abogado del Estado José Ortiz es quien representa en el caso, denominado como Operación Camaleón, al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y fue quien presentó la querella en constitución civil contra los acusados.
Otros acusados
El grupo de imputados lo integran, además de Beras y Gómez, Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange; Mariano Gustini, Henry Darío Féliz Casso, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.
También se señala a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo hay siete empresas imputadas, entre ellas Transcore Latam, Aurix S.A.S., PagoRD Xchange y Dekolor.
Audiencia para febrero
La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, otorgó otro plazo de 29 días a la defensa de los imputados que lo solicitaron este lunes para que conozcan la querella en constitución civil del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.
En ese sentido, Rivas fijó para el 9 de febrero, a las 9:00 de la mañana, la próxima audiencia del juicio preliminar de la supuesta trama de Operación Camaleón.
