Por Balbueno Medina.
La falta de una política migratoria que le permita al país adoptar medidas que le impidan enfrentar cada año el drama que se produce en la frontera dominico-haitiana, con el retorno de cientos de nacionales haitianos, ha sido la causa principal por la cual se produce el caos que se vive en los actuales momentos en esa zona limítrofe.
Llegará un momento en que esa situación, que es habitual cada fin de año en la frontera con Haití, se desbordará de tal manera que no solamente afectará las relaciones de ambos países, sino que perjudicará grandemente a la República Dominicana, porque ya hay quienes han pretendido explotar el sentimiento humano de ese drama para culpar a nuestra nación de la desgracia que le pueda ocurrir a esos nacionales haitianos.
El Estado dominicano tiene que definir su política migratoria, no solamente de cara al gran problema haitiano, sino con los emigrantes de otras nacionalidades, porque la fragilidad y la inobservancia de nuestras legislaciones migratorias, han convertido a la República Dominicana en un paraíso para que los delincuentes se vengan a esconder de las autoridades de otras naciones en los campos y ciudades del interior del país, sin que les ocurra nada.
No han sido, uno ni dos, los nacionales de los continentes europeo, Asiático y del propio americano, que huyendo de las autoridades de sus respectivos países han sido capturados en territorio dominicano residiendo por décadas y realizando actividades normales, sin que las autoridades dominicanas tengan un control mínimo de lo que hacen y de que dependen en nuestro país.
Para enfrentar esa situación, como lo hacen todos los Estados organizados y que tienen definidas sus políticas migratorias respecto a las demás naciones con las que tienen relaciones diplomáticas y comerciales, nuestra República Dominicana debe comenzar por realizar un Censo Nacional que identifique la cantidad de extranjeros que residen en el territorio nacional y posteriormente clasificarlos por nacionalidades para trazar las políticas migratorias que necesitaría aplicar el gobierno en los años por venir.
No es posible que en pleno siglo 21 nuestro país, no sepa exactamente cuántos nacionales haitianos tienen residiendo en su territorio nacional, ni cuantos tienen visas temporales o contratos de trabajo de manera temporal o permanente, situación que hace vulnerable la posición de nuestro país ante los organismos internacionales y las naciones que han decidido organizar sus territorios para salvaguardarlos del crimen y la delincuencia internacional.
A pesar de esa falta gubernamental, no toda la responsabilidad se la debemos atribuir al Estado dominicano, sino también a otros sectores de la vida nacional que como una parte del sector empleador se ha convertido en una retranca para que las políticas migratorias se apliquen en el territorio nacional.
Para evitar que ese drama humano, y por demás vergonzante, que se produce con el regreso de esos cientos de haitianos que cada año visitan sus familiares en Haití para pasarse las festividades navideñas, se continúe produciendo y llegue a convertirse en un conflicto social de imprevisibles consecuencias para las dos naciones, es necesario que el gobierno y los empresarios se pongan de acuerdo y se decidan a impulsar una política migratoria que ponga fin a ese tipo de prácticas que lo único que hacen es poner en entredicho la seguridad jurídica de la República Dominicana.
Es oportuno que dado las condiciones que se han presentado en la frontera Dominico-haitiana, en estos momentos se le ponga fin a esa situación para evitar que se vuelva a repetir al final del año 2013, regularizando a todos aquellos nacionales haitianos que reúnan los requisitos para ser admitidos en el territorio nacional y los que no, sean devueltos a su país para que lleven a cabo sus actividades cotidianas junto a sus seres queridos como debe ser.
Solo unidos el gobierno y el empresariado, podrán evitar que la República Dominicana, siga siendo uno de los países mas desorganizados en materia migratoria y que pueda correr el riesgo de seguir siendo cuestionado y castigado por carecer de una política eficiente y coherente, por la incapacidad de ambos sectores de ponerse de acuerdo para proteger el territorio que les pertenece adoptando los controles que garanticen la permanencia de los extranjeros que necesita el país.
