SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional dio ganancia de causa a las familias damnificadas por las tormentas Isaac y Sandy que alegan se han entregado a parientes de funcionarios públicos las viviendas construidas en Azua.
El Constitucional declaró inadmisible el recurso de amparo contra la sentencia que ordenó la suspensión de entrega de viviendas hasta tanto se verifique que los beneficiarios son realmente los damnificados por los fenómenos naturales que destruyeron sus casas.
La Cámara Civil, Comercial y Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, acogió de manera parcial el recurso interpuesto por los afectados, ordenando así la suspensión provisional de entrega del proyecto habitacional Los Toros 1 y 2 de Azua, hasta tanto se verifique, que los beneficiarios serán las personas realmente damnificadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su filial en Azua, denunció que se comprobó que los funcionarios del Gobierno tenían asignadas dichas viviendas a sus familiares, amigos y allegados, “según la lista oficial depositada en dicho tribunal por el Ing. Olgo Fernández director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y presidente del Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros de Azua”.
“Han sido los propios accionados quienes han sostenido durante el proceso, que el listado depositado por ellos en el expediente, debe ser objeto de confirmación respecto a las personas perjudicadas”, dijo el Juzgado de Primera Instancia en su sentencia 478-2016.
El Constitucional en su sentencia 821/17, declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por Fernández, quien es presidente del Consejo Hidroeléctrica de Los Toros por interponerlo fuera de plazo.
La Comisión de Derechos Humanos anunció que en los próximos días realizará acciones tendentes a que se dé cumplimiento a la decisión judicial porque las más de 100 viviendas construidas por el Estado y la Hidroeléctrica, habían sido concebidas para alojar a los damnificados de las tormentas tropicales.
Luego de que el presidente de la República, Danilo Medina, entregara más de 100 viviendas a igual número de familias afectadas por fenómenos naturales a mediados del 2016, la Comisión de Derechos Humanos solicitó la suspensión de las entregas porque no todos los beneficiarios fueron los damnificados. “La entrega de las viviendas a familiares, allegados y amigos de funcionarios del PLD con la complicidad del Presidente, ha sido una de las tantas páginas tristes e indignantes de este gobierno, un acto de corrupción descarado efectuado a costa de familias que con las tormentas del 2012 lo han perdido todo y siguen hoy en día viviendo a orillas de un río” dijo Joselin Melo, presidenta de la filial e Azua de la CNDH-RD.
