Después de más de dos años y medio sin Parlamento, la formación de la nueva Asamblea Popular de Egipto deberá esperar aún más tiempo del previsto. El domingo por la mañana, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley electoral que debía regir las elecciones legislativas, cuya primera vuelta estaba prevista para los próximos días 22 y 23 de marzo. El fallo obliga a suspender los comicios, la última etapa de la hoja de ruta de la transición aprobada tras el golpe de Estado del Estado de julio del 2013, hasta la aprobación de una nueva normativa.
“El Comité preparará un nuevo calendario con las fases [electorales] después de que sean promulgadas las enmiendas legislativas”, declaró la Junta Electoral Suprema a través de un comunicado público. De acuerdo con el calendario previsto, la última vuelta de las elecciones debería haberse celebrado la primera semana de mayo. En concreto, la corte ha anulado la atribución de diputados entre las diversas circunscripciones electorales al considerar que no respetaba el principio de proporcionalidad e igualdad.
El presidente Abdelafatá al Sisi reaccionó tras el veredicto del Tribunal Constitucional reafirmando su compromiso con el proceso electoral y ordenó al ejecutivo la aprobación de una nueva ley electoral de forma urgente.“Su Excelencia enfatiza la necesidad de que todas las instituciones del Estado se coordinen para llevar a cabo las elecciones tan pronto como sea posible, completando la hoja de ruta acordada por los egipcios”, reza una declaración de la oficina delrais. Durante las últimas semanas se había especulado en la prensa con la posibilidad de posponer las elecciones hasta otoño a causa de la inseguridad derivada de los atentados terroristas, pero el gobierno prefirió mantener el calendario.
Aunque el nuevo régimen se esfuerza en ofrecer una apariencia democrática, sus detractores recuerdan que no existen en Egipto las garantías suficientes para ejercer los derechos individuales más elementales. Por esta razón, varios partidos laicos cercanos a los movimientos de jóvenes revolucionarios, como el partido Dustur fundado por Mohamed el Baradei, han decidido boicotear los comicios. Tampoco participarán en las elecciones los islamistas Hermanos Musulmanes, el principal movimiento político del país árabe, que fue desalojado del poder en 2013 después de haber ganado todas las elecciones posteriores a la revolución del 2011.
El fallo de la corte suprema pone una vez más de manifiesto la turbia condición del panorama político egipcio desde la caída de Hosni Mubarak, caracterizado por la incapacidad de los principales actores políticos del país de alcanzar amplios consensos. Egipto no dispone de su Asamblea Popular, la principal cámara legislativa del país, desde junio del 2012, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su disolución al estimar también inconstitucional la ley electoral bajo la que había sido elegida tan solo unos meses antes.
Ante la ausencia del Parlamento, existe actualmente una gran concentración de poderes en las manos del presidente del país, pues además del ejecutivo, dispone también del poder legislativo. Desde su elección en mayo del año pasado, Al Sisi ha hecho un amplio uso de esta potestad y ha aprobado diversas leyes de gran calado, entre ellas, la que recorta los subsidios a la gasolina o la más reciente ley antiterrorista. De acuerdo con la Constitución, la nueva Asamblea Popular deberá decidir si ratifica todas estas medidas.
