El Senado y la Cámara de Brasil garantizaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) que el proceso de destitución de la presidenta suspendida Dilma Rousseff “respeta la Constitución”, confirmaron hoy fuentes oficiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, pidió explicaciones al Gobierno brasileño después de que parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, solicitaran a ese organismo suspender el proceso contra la presidenta, cuya fase final empieza este jueves.
El Senado, que tendrá la última palabra sobre el destino de Rousseff, remitió este lunes el informe con las explicaciones sobre el proceso de destitución contra la presidenta, quien está suspendida de su cargo desde el pasado 12 de mayo.
El documento, firmado por el abogado del Senado, Alberto Cascais, señala que el proceso cumplió todos los “preceptos constitucionales, legales y reglamentarios”.
El Senado subrayó además que no se puede “hablar de cualquier ilegalidad o inconstitucionalidad en los actos practicados” por los legisladores “elegidos por el pueblo” y “en el uso de su competencia asegurada por la Constitución”.
La Cámara Alta comenzará el jueves el capítulo final del proceso que podría apartar a Rousseff definitivamente de su cargo si así lo decide una mayoría calificada (54) de los 81 senadores.
El pleno del Senado escuchará a partir del jueves por última vez a los testigos de las partes y el lunes 29 está previsto que la presidenta suspendida ejerza personalmente su defensa por primera vez desde que comenzó el juicio.
En caso de ser destituida, Rousseff será sustituida definitivamente por el que fuera su vicepresidente, Michel Temer, quien concluiría el mandato que finaliza el 1 de enero de 2019, pero si fuera absuelta recuperará el poder.
