La orden de detención por parte de la Procuraduría General de la República, de un grupo de funcionarios y legisladores activos, antiguos congresistas y dirigentes políticos causó una conmoción sin precedentes en el país, que todavía no concluye porque el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de los encartados, renunció al puesto.
Si bien Montás le dice al presidente Danilo Medina en una carta en la cual se desvincula de cualquier hecho delictivo, que pone a su disposición su cargo, se da por descontado que el gobernante acogerá esa misiva como una renuncia y procederá cuanto antes a nombrar su sustituto, una forma de mantener su distancia del tema judicial.
Se supo que al menos uno de los sometidos trató de ver al presidente Medina, pero se le habría informado que el gobernante estaba muy ocupado. Otra versión dice que el Presidente mandó a decir a sus cercanos colaboradores que no quería involucrarse en asuntos que estaban encaminados en la justicia.
El coletazo dominicano del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que involucra a dos de los partidos más importantes del país, el gobernante de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno, PRM, podría ser una indicación de la urgencia de una ley de partidos, hasta ahora resistida por los políticos.
El procurador general, Jean A. Rodríguez, ofreció una declaración a la prensa en la cual detalló lo que estaba en proceso con la detención de las personalidades de la política y empresas y aseguró que con ello “están todos los que son y todos los que están”, una señal que calmó el pánico que ha cundido entre los señalados por listas y rumores, aunque en los juicios otros podrían ser arrastrados.
Rodríguez, en su condición de fiscal de la Suprema Corte de Justicia, pidió al Congreso Nacional despojar de la inmunidad parlamentaria a los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal y Julio César Valentín, de Santiago, así como al diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM, Alfredo Pacheco.
Rodríguez informó también que el caso ha sido declarado complejo, lo que le dará a las autoridades judiciales un espacio de hasta 18 meses para la introducción y los juicios, algunos de los cuales llegarían a la Suprema Corte de Justicia, de manera inmediata si abarca a funcionarios privilegiados, o al final del proceso, para los de jurisdicción ordinaria.
Se trata de delitos muy graves por acusaciones sobre lavado de activos, falsedad en la declaración jurada de bienes, soborno y violación de 14 artículos de la Constitución de la República, que conllevarían sanciones de 3 a 18 años de prisión. Todos los funcionarios y exfuncionarios sometidos rechazaron ante la prensa la comisión de delitos.
