SANTO DOMINGO. El apresamiento y sometimiento a la justicia del dirigente del movimiento popular “Los Peregrinos de Moca”, Juan Comprés (Guanchy), por presunta posesión de droga y la libertad pura y simple dictada en su favor por un juez de ese distrito judicial, evidenció lo débil y permeable que es el sistema de enjuiciamiento penal en el país.
Así lo consideran varios juristas abordados por Diario Libre sobre qué puso en evidencia la orden de libertad y extinción de la acción penal emitida por el juez de la Oficina de Atención Permanente, Anderson Cuevas, debido a la mala actuación de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Dos hechos: la suspensión de los agentes policiales que apresaron y golpearon al dirigente de “Los Peregrinos” en una calle de Moca, provincia Espaillat y la orden dada por el Procurador General de la República a los fiscales de dicha demarcación para que no pidieran prisión preventiva como medida de coerción, como habían anunciado previamente, dejaron entrever que los llamados a hacer cumplir la ley, no actuaron apegados al “debido proceso”.
El magistrado Cuevas jugó su rol como “escudo protector entre el formidable poder del aparato estatal y el individuo disminuido que resiste ese formidable poder”, al anular la actuación de la Policía y el Ministerio Público, expresó el abogado Félix Damián Olivares.
