Son menores de edad, indocumentados, no hablan inglés, están solos en este país y se cuentan por miles.
Se trata de los niños y adolescentes arrestados al cruzar ilegalmente la frontera bajo custodia del gobierno federal, pero atendidos en refugios operados por contratistas, y los reportes de acoso y abuso sexual a los que están expuestos por parte del personal, voluntarios u otros chicos mayores en el albergue, preocupa cada vez más a más a los defensores de los derechos de los inmigrantes.
“El número sin precedentes de menores que llega a la frontera entre México y EEUU -huyendo de los horrores en sus países de origen tales como violaciones sexuales y violencia de pandillas- ha incrementado la preocupación por el cuidado que reciben cuando están en custodia federal”, sostiene Sharita Gruberg.
El pasado año fiscal, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que el pasado año fiscal tuvo bajo su cuidado a 57, 496 menores no acompañados, el doble comparado con el año anterior y la red de refugios creció de 50 hace cinco años a 125, por lo que se cuestiona su capacidad para supervisarlos.
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Víctimas de abusos
Una investigación realizada por Houston Chronicle a principios del año pasado encontró 101 casos de menores bajo la custodia de ORR que habían sido molestados mientras dormían, fueron acosados sexualmente y seducidos por miembros del personal en los últimos años, de acuerdo a reportes federales, violaciones a licencias para el cuidado infantil y récords en corte.
“Los efectos posteriores de los traumas que han experimentado, aunado al temor de sus circunstancias y a los adultos que están a cargo de ellos, los deja extremadamente vulnerables al abuso sexual por parte de los adultos que supuestamente los están cuidando”, se indicó en un reporte presentado por PREA en 2009.
La ORR, que tiene contrato con diferentes organizaciones que operan albergues hasta para 5,000 menores (aunque el gobierno no publica información sobre cuántos menores tiene bajo su custodia en un momento dado), ha enfrentado presión para cumplir con el Acta de Eliminación de Violaciones en las Prisiones (PREA), la cual requiere estándares estrictos para evitar y castigar los abusos.
Funcionarios de la ORR publicaron en enero pasado las reglas interinas en el Registro Federal que incluyen un paquete de protecciones para los menores que son detenidos cruzando ilegalmente la frontera sin la compañía de un adulto, que van desde maneras de reportar de forma anónima los abusos, fortalecer los procedimientos para el manejo de quejas y requerir un mejor entrenamiento al personal de los albergues.
Nuevas reglas para proteger a los niños
Para Chris Rickerd, asesor político de ACLU, las nuevas reglas de PREA ayudarán a prevenir el abuso sexual a menores no acompañados en los centros de confinamiento, perolamenta que éstas no se extiendan a los hogares de crianza también bajo la supervisión de ORR.
Chris Daley, abogado y director ejecutivo de Just Detention International, dijo que estas nuevas reglas ofrecen “una fuerte base para proteger a los niños bajo el cuidado de ORR”, ahora rebasado por el número récord de menores inmigrantes llegando a EEUU desde Centroamérica.
Los reglamentos, ordenados a ORR por el Congreso en marzo de 2013, estuvieron bajo revisión ejecutiva durante casi un año.Tras un periodo de 60 días de comentarios públicos,los refugios tienen hasta junio para cumplir con los nuevos reglamentos, aunque la agencia les ha pedido que comiencen a implementar esas protecciones lo antes posible.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) ha declarado que la agencia reporta los casos de abuso sexual que involucran posibles violaciones a la ley federal al FBI, pero no hay datos específicos sobre cuántos han sido procesados.
El contrato que los proveedores de servicios para los menores no acompañados firman con ORR, solo se indica que éstos deben cumplir con las políticas de cero tolerancia y acoso sexual a los menores no acompañados por parte de su personal, voluntarios o de parte de otros menores, sin embargo, de acuerdo con Gruberg, “ORR no tiene un procedimiento en marcha para hacer cumplir esta política de abuso sexual o asegurar que se cumple con las reglas de PREA”.
