SANTO DOMINGO. Un total de 3,901 funcionarios municipales y 105 diputados y exdiputados no han presentado la declaración jurada de patrimonio prevista en la Ley 311-14, que obliga a todos esos servidores y exservidores públicos a depositarla en un plazo máximo de 30 días contados a partir de su toma de posesión –o su salida del cargo– el pasado 16 de agosto 2016.
No obstante, las autoridades dominicanas se mantienen sin aplicar el régimen de consecuencias legal previsto para estos casos de incumplimiento.
En su último informe, el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel del Centro Juan XXIII, que da seguimiento a los niveles de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y a su Reglamento de Aplicación contenido en el Decreto 92-16, observa que “resulta contradictoria la violación a la ley de parte de legisladores que rehúyen someter sus respectivas declaraciones jurada de patrimonio, y tanto más cuanto que ellos mismos fueron o son miembros de ese poder colegiado del Estado responsable de escribir la letra y de infundirle espíritu a la Ley 311-14”.
El Laboratorio, desarrollado por el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED), está adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Al dar a conocer el informe, el antropólogo Fernando Ferrán, director del PED, llamó la atención sobre la violación a la Ley 311-14 en que incurren legisladores y funcionarios municipales, sobre todo en un momento en el que la Procuraduría General de la República se apoya en declaraciones juradas para respaldar la imputaciones sobre corrupción administrativas contra algunos servidores del Estado que busca procesar por enriquecimiento ilícito a propósito de los más de US$92 millones en sobornos que pagó la empresa Odebrecht, según confesó la propia constructora, en la República Dominicana.
Fernando Ferrán recordó, en ese contexto, el escándalo reciente que llevó a la destitución de Diandino Peña de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) a raíz de un reportaje de la periodista Alicia Ortega que mostraba “serias contradicciones” entre su participación accionaria en diversas empresas y el patrimonio declarado bajo juramento.
“La no existencia de una DJP podría significar en ese contexto, no solo que objetivamente se viola la ley, sino que de manera premeditada cada sospechoso oculta desde ya una eventual prueba del delito que está en vías de cometer”, explica el boletín del PED.
En contraste con los hallazgos de cumplimiento en la Cámara de Diputados, en el Senado todos menos un exfuncionario han depositado su declaración jurada de patrimonio.
“Se mantiene la impunidad que beneficia a todo incumbente o exfuncionario que por uno u otro motivo incumple la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y su Reglamento, debido a la ausencia casi absoluta de sanciones disciplinarias y/o penales de parte de sus respectivos superiores jerárquicos, así como de la Procuraduría General y de la Tesorería Nacional”, afirma el boletín.
El boletín denuncia además “el incumplimiento reiterado” de la Ley 200-04, en materia de Libre Acceso a la Información Pública, de las entidades llamadas a mantener a disposición de todos los ciudadanos los datos actualizados sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los servidores.
