El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía por la financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, según una encuesta publicada hoy.
El sondeo realizado por la encuestadora Datum para los diarios Gestión y Perú 21 reveló también que el 66 % está en contra de que la Justicia peruana revocara la detención preliminar que mantuvo a Fujimori arrestada durante una semana.
Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular, afronta ahora un requerimiento de 36 meses de prisión preventiva solicitada por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez que se evalúa desde este miércoles en la Sala Penal Nacional.
A Fujimori se le imputa un presunto lavado de activos al supuestamente haber ocultado grandes cantidades de dinero en su campaña electoral de 2011 con una contabilidad ficticia en la que se simuló múltiples donaciones de personas particulares.
Por ello, la desaprobación de Keiko Fujimori se mantiene en 86 %, tres puntos porcentuales más que a inicios de octubre, mientras que su aprobación se mantiene en 11 %, una de las más bajas de todo el panorama político peruano.
El 52 % de los encuestados no cree que exista persecución política contra Fujimori, tal y como ella y su partido denunciaron tras la detención del día 10 de octubre, frente al 39 % que considera que sí existe dicha persecución contra el fujimorismo.
Asimismo, un 81 % de los peruanos no cree a Keiko cuando afirma que la detención ha ayudado a que comience su reconciliación con su hermano menor, el congresista Kenji Fujimori, con el que está enemistada por haber provocado una escisión en el grupo parlamentario fujimorista, lo que llevó a que lo suspendieran.
El sondeo también señaló que el 77 % de los peruanos pide la dimisión del fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, al que el fujimorismo mantuvo en el cargo al archivar en el Congreso, donde tiene mayoría, un proceso abierto para destituirlo por sus vínculos con una gran trama de corrupción judicial.
La encuesta se realizó entre el 20 y 23 de octubre de manera presencial a 1.200 personas, con un margen de error del 2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.
