El estado de Texas ejecutó este miércoles al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas por el secuestro, violación y asesinato en 1997 de su prima Mayra Laguna, de 16 años, según notificó su Departamento de Justicia Criminal.
A Cárdenas, nacido en el estado mexicano de Guanajuato hace 47 años, lo declararon muerto a las 22.26 hora local (04.26 del jueves GMT) tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville (Texas, EEUU).
Sus últimas palabras fueron: “No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré a por justicia. Podéis contar con ello”.
Sin embargo, la hermana de la víctima, Roxana, dijo tras la ejecución que “las palabras no pueden describir el alivio que se siente de saber que hay paz verdadera después de tanta pena y dolor”.
Ramírez Cardenas fue condenado a muerte en 1998 por el secuestro, violación y asesinato de Laguna el 22 de febrero de 1997 en McAllen, ciudad del sur de Texas fronteriza con la mexicana Reynosa.
Un jurado consideró probado que él y su cómplice, Tony Castillo, entraron a la casa de la víctima por la ventana de la habitación, se la llevaron, la violaron, la estrangularon hasta que murió y abandonaron el cuerpo en un canal de la localidad de Edinburg, vecina a McAllen.
Ramírez Cárdenas confesó el crimen a las autoridades y, entre él y Castillo, condujeron a los investigadores hasta el cuerpo de Laguna, pero su abogada, Maurie Levin, sostenía que la confesión se obtuvo bajo coacción y que el reo era inocente.
Por ello, Levin pidió hasta el último momento que se realizaran nuevas pruebas de ADN a las uñas de la víctima, pero los tribunales estadounidenses consideraron la petición una maniobra dilatoria de la defensa con la que, además, el mexicano no quedaría exculpado.
La ejecución de Ramírez Cárdenas captó el interés internacional, y tanto el Gobierno de México como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presionaron a Texas para que la suspendiera invocando una supuesta falta de garantías en su proceso judicial.
Cárdenas fue el séptimo preso ejecutado este año en Texas y el número 23 en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restableció hace cuatro décadas la pena de muerte, 1.465 presos han muerto ejecutados en Estados Unidos, 545 de ellos en Texas.