SANTO DOMINGO. Estados Unidos ha enviado un mensaje claro a las autoridades dominicanas apoderadas de la investigación e instrucción del caso Odebrecht consideraron ayer varios juristas y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Copley.
“Alrededor del mundo existen instituciones democráticas y judiciales que son débiles, que no tienen independencia o se les hace difícil, si no imposible, combatir a la poderosa élite económica y política que cometen estos delitos. Las acciones del gobierno estadounidense demuestran que no permaneceremos en silencio frente a la impunidad”, afirmó Copley en un artículo ayer de opinión publicado en un medio de circulación nacional.
En el escrito titulado “un paso adelante en la lucha contra la corrupción”, el encargado de negocios afirmó que el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien su nación le suspendió la visa, ordenó la congelación de bienes y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con él, es una persona muy conocida en República Dominicana. Agregó que el caso Odebrecht sigue en investigación.
Dijo además que la declaración hecha por el gobierno estadounidense enfoca la atención hacia actos de corrupción y violación de derechos humanos, “y sirve como advertencia para otros”.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina Calcaño y el abogado Julio Cury, consideraron ayer que la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, están mandándole una señal a las autoridades locales por el manejo dado al caso.
“Envía un mensaje de la posición de ese país sobre este caso, para que no quede cubierto por el manto de la impunidad y le plantea un gran reto al sistema de justicia que enfrenta un proceso que marcha lento, donde todos los imputados están en libertad, con falta de credibilidad de la población que ve con escepticismo la real voluntad de combatir los flagelos de la corrupción y la impunidad”, argumentó Medina Calcaño.
Cury explicó que la orden firmada por el propio presidente Donald Trump, es una alerta porque Estados Unidos conoce la fragilidad del sistema judicial dominicano.
“Ellos no tratan a Rondón como un presunto corrupto sino como corrupto”, explicó.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun espera que esto no afecte la sana administración de justicia en el país.
“Lo lógico es que medidas como esa, independientemente de que las haya tomado Estados Unidos, no afecte la sana administración de justicia y que en consecuencia, el Poder Judicial, pues tome una decisión en base a los elementos probatorios”, agregó.
