WASHINGTON.– El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Jeh Johnson, dijo hoy que su Gobierno “evaluará” la decisión que tome el tribunal de Nueva Orleans sobre las medidas ejecutivas en inmigración y “responderá en consecuencia” para cumplir con su determinación de reformar el sistema actual.
“Tanto el presidente (Barack) Obama como yo estamos muy decididos a reformar el sistema (migratorio) en muchos aspectos. Evaluaremos lo que decida la Justicia y desde ahí veremos qué pasos dar”, señaló en una rueda de prensa.
Johnson compareció hoy ante los medios para anunciar que el número de detenciones en la frontera con México ha caído un 28 % en el último semestre respecto al año fiscal anterior, en buena medida por los recursos adicionales desplegados tras la crisis causada por la oleada de menores no acompañados del verano pasado.
“Las medidas ejecutivas del presidente también fortalecen la seguridad de la frontera. Tienen un componente de fortalecimiento de la seguridad”, esgrimió el responsable de Seguridad Nacional.
El futuro de las medidas migratorias que Obama anunció en noviembre, llamadas a regularizar temporalmente a unos 5 millones de indocumentados, depende de lo que decida el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), tras la demanda interpuesta por 26 gobernadores, la mayoría republicanos.
De los tres jueces que componen el tribunal, dos han sido nominados por republicanos y uno por el presidente Obama, cuyo Gobierno pidió al tribunal que elimine la medida dictada en febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen.
Este magistrado paralizó la acción ejecutiva de Obama apenas unas horas antes de la apertura de solicitudes para el alivio migratorio, dejando de nuevo en el aire el futuro de cerca de cinco millones de indocumentados.
Si la corte de apelaciones de Nueva Orleans rechaza el recurso del Gobierno, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
Con las decisiones de Hanen quedó interrumpida la ampliación de la Acción Diferida (DACA), que tenía que entrar en vigor el 18 de febrero, y suspendida la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), cuyo inicio estaba previsto para mayo.
Johnson se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa sobre el balance de detenciones fronterizas del último semestre, con una disminución del 28 por ciento respecto al año fiscal anterior.
“Esto ha ocurrido a pesar de la mejora de nuestra economía, que históricamente atrae a un número mayor de inmigrantes. (El descenso) se debe a la inversión que hemos hecho en la seguridad fronteriza, ahora tenemos más tecnología que en ningún otro momento de la historia”, explicó Johnson.
El número de detenciones es un dato que el Departamento de Seguridad Nacional considera indicador de los intentos totales de cruzar la frontera de manera ilegal.
