Estados Unidos acogerá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024, y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región, mientras que México duplicará los permisos de trabajo fronterizos, anunció la Casa Blanca este viernes.
En el último día de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, los dirigentes latinoamericanos adoptaron la llamada Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, centrada en compartir responsabilidades en la gestión del flujo migratorio.
Estados Unidos se compromete a abrir las puertas a 20.000 personas, es decir el triple de refugiados acogidos este año, informó la Casa Blanca en un comunicado.
El gobierno del presidente Joe Biden se propone asimismo “aumentar” la acogida de refugiados haitianos, sin dar cifras, y otorgará 11.500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos.
A modo de comparación, Washington se ha comprometido a acoger a 100.000 ucranianos después de que Rusia invadiera su país.
Por otra parte, anunció 314 millones de dólares en nuevos fondos para “ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo de refugiados y migrantes vulnerables” en América Latina, incluido un programa para venezolanos que han emigrado a 17 países de la región.
Unos 7.500 migrantes irregulares, en su mayoría provenientes de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales de abril.
Según el comunicado sobre la Declaración de Los Ángeles, México aumentará de 10.000 a 20.000 el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo, que permite residir en un estado y trabajar en otro.
El gobierno mexicano también lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15.000 y 20.000 personas originarias de Guatemala por año, y se plantea ampliarlo a Honduras y El Salvador a medio plazo.
Además, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, integrará a 20.000 refugiados en el mercado laboral mexicano en los próximos tres años.
El texto de la declaración enumera algunas de las medidas que asumirán los países, como venía reclamando el gobierno de Biden para “compartir responsabilidades”.
Belice lanzará un plan de regularización para migrantes irregulares, Costa Rica renovará un programa de protección temporal para cubanos, venezolanos y nicaragüenses y Ecuador emitió un decreto en virtud del cual fija una vía para conceder estatus migratorio regular a venezolanos que entraron en el país a través de un puerto de entrada oficial.
Guatemala aprobó, por su parte, una nueva legislación para promover programas de migración laboral legal y Canadá abrirá sus fronteras a 50.000 trabajadores del sector agrícola, afirma el comunicado.
En calidad de Estado observador, España “duplicará” el número de vías legales para que los hondureños participen en programas de migración circular.
