SANTO DOMINGO., REPUBLICA DOMINICANA.-El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) abogó en Las Primeras Jornadas Nacionales del Derecho del Consumidor organizada por el Centro de Estudios en Derecho del Consumidor de Argentina (CECON), porque los gobiernos de América Latina y el Caribe fortalezcan la protección de los derechos de sus ciudadanos en materias de consumo.
El doctor Eddy Alcántara, quien dictó una conferencia sobre “El Derecho del Consumidor: experiencias comparadas en Las Américas”, celebrada en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que los Estados y gobiernos de la región deben formular, fortalecer y mantener políticas públicas de protección a los derechos del consumidor, con el fin de atender las necesidades prioritarias en cuanto a su salud, seguridad, así como sus intereses económicos.
En la conferencia, en la que también participaron el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la directora de Políticas de Competencia y Consumidor de la UNCTAD-ONU, Teresa Moreira, el funcionario dominicano sostuvo que esos esfuerzos a favor de los consumidores deben desarrollarse en tres ejes fundamentales.
Entre esos ejes citó educación y orientación; protección de la salud y seguridad de los consumidores, así como la prevención y solución de conflictos entre proveedores y consumidores.
Alcántara sostuvo que para garantizar y robustecer la protección de los consumidores de la región “debemos trabajar en el fortalecimiento de las normas de defensa de las personas consumidoras porque existe una dilación en las leyes en materia de consumo en lo que tiene que ver con los procedimientos de actuaciones, ya que cuando fueron aprobadas, los legisladores de las naciones latinoamericanas no previeron que en el tiempo las timaciones se iban a tecnificar y también se iban a especializar”.
Entiende que se hace urgente y necesario hacer frente a este tema neurálgico “que debe acaparar la atención de todos nosotros porque la mayoría de los países nuestros, los legisladores han creado las normas, pero no las han venido adecuando a la misma velocidad que ha crecido el delito y la timación”.
Citó a modo de ejemplo, la gran cantidad de casos de estafas y engaños que se producen en el comercio electrónico en los diferentes países latinoamericanos, por lo que se hace necesario enfrentar con urgencia esta irregularidad comercial que afecta a miles de consumidores de la región.
“Haciendo un ejercicio comparativo del derecho, nos damos cuenta que como viene creciendo el comercio electrónico, para el año 2040 no tendremos posibilidad de proteger a nuestros consumidores porque el 80 % de todas las transacciones comerciales serán realizada por la vía electrónica, y de este porcentaje entre el 60 % y 65 % va a tener el proveedor fuera del territorio”, manifestó.
Y nosotros nos preguntamos -prosiguió el doctor Alcántara- cómo es que vamos a proteger a los consumidores si las normas existentes sólo tienen capacidad para actuar desde el punto de vista de lo que es la garantía de esa protección dentro del propio territorio donde se rige esa norma.
De manera conclusiva, el funcionario planteó la necesidad de crear mecanismos de colaboración entre todos los países de la región con miras a realizar acuerdos que abarquen todo tipo de protección al consumidor en cada una de las naciones cuando los proveedores estén fuera del territorio de donde se llevó a cabo la compra o adquisición de algún bien o servicio.
“Si no se toman en cuenta estas observaciones de crear nuevos mecanismos y actualizar las leyes vigentes de protección al consumidor, nosotros entendemos que para ese año 2040 tendríamos que cerrar la mayoría de las agencias gubernamentales garante de los derechos de los consumidores”, enfatizó.
En su exposición sugirió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizar este tema y en su momento emitir una declaratoria capaz de crear directrices “en la que nos obligue como agencias de protección a los consumidores ponernos de acuerdo para defender a nuestros ciudadanos en este tema del comercio electrónico transfronterizo que es fundamental”.
Manifestó que para ello se hace necesario actualizar las leyes de protección de los derechos de las personas consumidoras y “que no haya resistencia de ningún sector productivo y económico para que se pueda fortalecer el marco legal e institucional en materia de consumo”.
Destacó, además, que para los fines es importante que las asociaciones de consumidores y otras organizaciones transversales a la defensa de estos derechos colaboren y se sientan comprometidos en la consecución de estos objetivos de robustecer la normativa en todas las naciones latinoamericanas.
“Las leyes y políticas de defensa de los consumidores deben garantizar de forma decisiva que en ningún país se comercialicen productos dañinos a la salud de los consumidores, que los mismos accedan a una información esencial del bien o servicio que adquieran, que no haya publicidad que induzca al engaño, entre otros aspectos relevantes que ayuden a que se fortalezcan estos derechos”, indicó.
Enfatizó que esas problemáticas son un común denominador en muchos países donde las agencias de protección al consumidor reciben cientos de denuncias y reclamaciones de parte de los consumidores, “es un mal común que nos afecta a todos como nación, por lo que todos los homólogos debemos unirnos para que los gobiernos tengan mano firme”.
