Para llevar a cabo las estafas a ciudadanos estadounidenses desde República Dominicana en los llamados call centers (centros de llamadas), la red Discovery necesitaba reclutar personas con conocimientos de tecnología y manejo del idioma inglés.
En el expediente con el que el Ministerio Público busca la prisión preventiva contra al menos 38 personas, figura el nombre de dos mujeres de nacionalidad estadounidense que desempeñaron las funciones de “abridoras” y “cerradoras” de los procesos fraudulentos: Cristina Lhin Yeng y Linda Pérez.
Según el órgano persecutor, el pasado 02 de marzo, Yeng y Pérez fueron detenidas infraganti junto a otros empleados en Rodcat Contact Center, un centro de llamadas propiedad del supuesto integrante de la banda Los Trinitarios, condenado y deportado por drogas, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández.
El establecimiento está ubicado en la calle Principal No. 25, residencial Las Carmelitas, en Santiago, lugar donde las implicadas tienen su residencia.
De acuerdo al expediente, Linda Pérez era “abridora”.
El esquema, que según el Ministerio Público, era liderado por Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari) y Pablo Miguel Balbuena (a) La Válvula y que tenía como gerente operativo a José Eliezer Rodríguez, define como “abridor” al operador clandestino, que se encarga de abrir el camino hacia las víctimas, a través de la captación de su atención y obtención de información personal.
Los “abridores” tenían un guión establecido, con preguntas o situaciones que debían leerles a sus víctimas para convencerlas al pago de dinero.
“Informan de manera engañosa una situación de emergencia, preocupación, de alarma, de presión psicológica, en la cual hace que la víctima rápidamente acceda a conseguir el dinero y depositarlo a la estructura criminal, en la modalidad de transferencia”, cita el expediente de 298 páginas.
A ese contacto inicial con la víctima le sucedía “el cerrador”, el puesto que supuestamente ostentaba Cristina Lhin Yeng en ese call center.
El “cerrador”, describe el expediente, es un operador clandestino, de inglés fluido y con habilidades para el convencimiento a través de la palabra, toda vez, que dentro de su propio guión toma el control de la conversación, limitando a la víctima a dos cosas: contestar su requerimiento y a depositar las altas sumas de dinero, con lo cual se configura los tipos penales de la extorsión y la estafa.
“Infundían terror a personas dicidiéndoles que podían secuestrarlos a ellos y su familia. Esto les garantizaba que las víctimas pudieran depositar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el resultado del crimen”, describe el Ministerio Público.
Para la ejecución de las llamadas fraudulentas, la red Discovery utilizaron la técnica de spoofing.
El spoofing consiste en usurpar una identidad electrónica para ocultar la propia identidad y así cometer delitos en internet.
Con este mecanismo y una base de datos de adultos mayores con poder adquisitivo de los Estados Unidos, la red realizó un desfalco superior a los 100 millones de dólares.
Descubren estafa
La estafa logra descubrirse luego de que los agraviados se comunicaron con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana solicitando la cooperación internacional para dar con los desaprensivos y someterlos a la justicia.
La División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) le había dado seguimiento desde julio de 2020 a Pablo Miguel Balbuena o Miguel Ortiz alias La Válvula, quien fronteaba en redes sociales cuantiosas sumas de dinero y costosas prendas de vestir en la red social Facebook, sin que este tuviera un perfil económico lícito que explicara sendas posesiones.
Es a raíz de este hecho, que el Ministerio Público dominicano junto al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que empieza el proceso investigativo primero con interceptaciones telefónicas a los móviles de Balbuena que permitieron identificar a los otros 37 integrantes de la red de ciberdelito con sede en la provincia Santiago.
Según el Ministerio Público, el dinero sustraído a sus víctimas era utilizado para blanquear los capitales en territorio dominicano, específicamente en esta ciudad de Santiago y Puerto Plata, evidenciando un enriquecimiento ilícito por la ostentación y exhibición de vehículos de alta gama, compra de apartamentos y propiedades, equipos electrónicos y servicios tecnológicos. Exhibían en las redes vestimentas y prendas de vestir lujosas, así como también la celebración de fiestas nocturnas con bebidas alcohólicas de alto costo, como resultado del esquema.
