El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo confiar en que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia revocarán el auto de no ha lugar que fue emitido a favor del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, y otros seis que son acusados de actos de corrupción y lavado de activos.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara admisible el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público que busca revocar la decisión, la audiencia fue fijada para conocerse mañana, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la cual estará integrada por los jueces Miriam Germán, Fran Euclides Soto y Esther Angelan Casasnovas.
“Se ha interpuesto un recurso muy amplio, con fundamentos jurídicos serios e importantes, de gran trascendencia no solo para este caso de manera especial sino para toda la labor que comprende la persecución de la corrupción y el lavado de activos de manera general”, dijo tras manifestar que está esperanzado en que en este caso habrá un precedente en el país contra la impunidad.
El procurador agregó “estamos muy positivos y confiados en que en esta oportunidad imperará la justicia, que se llevará el mensaje de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y que el que utilice de manera irregular los fondos públicos recibirá la sanción que corresponde”.
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, dictó el pasado 27 de marzo el auto de no ha lugar que favoreció al senador Félix Bautista, así como a José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Grisel Araceli Soler Pimentel, Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
El magistrado Domínguez Brito dijo que el expediente que sustenta la apelación depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) en la Suprema Corte de Justicia cuenta con indicios jurídicos contundentes como para que sea revocado el dictamen.
“Son muchas las pruebas obtenidas durante el proceso de investigación de este caso, que esperamos sean ponderadas por los jueces que conocerán la apelación y que tendrán en sus manos la decisión que marcará el rumbo del país en cuanto a la sanción de la corrupción y el imperio de la ley”, sostuvo.
