Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho personas imputadas por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, la cual operaba desde el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, argumentando que los acusados no ofrecían garantías suficientes de presentarse al proceso ni contaban con el arraigo necesario para descartar el peligro de fuga.
Sin embargo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica mediante contratos de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.
Asimismo, dispuso una garantía económica de:
- RD$1,000,000 para George Charlie Abreu Tejada
- RD$500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias
- RD$200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares
- RD$150,000 para Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango)
A solicitud del Ministerio Público, el juez declaró el caso como complejo, otorgando un plazo de 12 meses para que se concluya la investigación y se presente la acusación formal, según establece un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República.
Durante la audiencia, los fiscales Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentaron cerca de 100 elementos de prueba que sustentan la acusación.
