La responsabilidad de suministrar agua potable en el país recae sobre ocho entidades y solo en el control y regulación del sector intervienen cinco instituciones públicas.
Esta disgregación de funciones de acuerdo con el “Segundo Informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento-Mapas II” en el ejercicio de las mismas, en ocasiones, entran en conflicto de competencia y se superponen, dificultando la efectiva gestión y funcionamiento de los servicios en el sector de agua potable y saneamiento de la República Dominicana (SAPyS-RD).
“En la actualidad, el SAPyS-RD no tiene un ente rector único y específico; las funciones de rectoría fueron originalmente del Inapa, pero nunca las ha ejercido; ahora están asignadas a varias instituciones públicas, de manera particular, compartida o en forma competitiva”, destaca el documento.
Las instituciones con funciones de rectoría en este sector son: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. Mientras las entidades operadoras del servicio en el territorio nacional son la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Inapa, Coraasan, Coraavega, Corapp, Coaarom, Coraamoca y Coraabo.
Entre el Inapa y la CAASD cubren la demanda de agua potable de más del 70% de la población general que pasa los nueve millones de habitantes “RD tampoco cuenta con una entidad única y particular de regulación de los servicios; al igual que la de rectoría, la función de regulación está distribuida y es ejercida por instituciones de diferentes niveles, a las que sus leyes de creación les confieren facultades regulatorias, junto con las de rectoría y operación, lo que les convierte en juez y parte”, sostiene el informe.
Necesidad de una ley que sirva de marco para otras
En el informe presentado por el Banco Mundial en diciembre de 2016 se afirma que el sector agua potable y saneamiento del país carece de una ley marco que integre en una sola expresión la legislación específica para este sector y la institucionalidad correspondiente. “Las leyes y disposiciones que le rigen están dispersas en las leyes de entidades operadoras”, plantea.
