El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), René Jáquez, atribuyó la renuncia de cinco miembros de la Comisión de Veeduría de esa institución a una supuesta inconformidad con la ley que regula la manera en que deben conducirse.
Mediante una llamada a “El Gobierno de la Mañana”, Jáquez descartó que la renuncia de los veedores se debiera a una supuesta violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de esa dependencia estatal, como argumentó el empresario Ramón Báez, miembro de la Comisión.
“Es un pretexto para oponerse al decreto que reglamenta la forma de manejarse de la Comisión de Veeduría”, expresó el funcionario.
Jáquez admitió sin embargo, que el Inabie aún tiene pendiente de entregar a la Comisión informaciones.
“No les niego que tenemos pendiente la entrega de información relacionada con los conduce de las fechas de recepción de los proveedores de uniformes y de la leche”, dijo.
Defendió la no entrega de la información relacionada con los proveedores de leche bajo el argumento de que es un volumen muy grande y que para procesarla sería necesario ampliar el personal que realiza esas labores.
Explicó que el protocolo de la veedurías establece que cuando los miembros de la Comisión detectan alguna anomalía, el primer paso debe ser notificarlo a quien dirige la institución estatal que monitorean, luego al Ministerio de la Presidencia, mientras que los medios de comunicación es la última instancia.
“Creo que no entendieron la naturaleza del trabajo”, dijo Jáquez y expresó que cuando no se cumple ese protocolo se puede hacer daño al funcionario en cuestión.
“Me parece que en el fondo es una inconformidad con la ley que regula las veedurías”, cerró el director del Inabie.
Los renunciantes
Ramón Báez, Ana Milta Lora, Flavio Rodríguez Méndez, Frank de la Cruz y Johnny Martínez renunciaron este lunes de la Comisión de Veeduría del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, alegando que esa dependencia estatal se negó a entregarles información, en franca violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
