La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, validó la solicitud, la calidad y contundencia de las pruebas e impuso prisión preventiva contra los cabecillas de la estructura criminal que la Operación Colibrí puso al descubierto, y que poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país, incurrieron en falsedad de documentos públicos y otros crímenes.
La decisión de la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, sugiriere que la organización criminal no sólo incurrió en delitos graves, como advirtió en su solicitud el Ministerio Público, sino que además fueron un camino para la comisión de otros crímenes.
Por lo que declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva durante 18 meses a los procesados cabecillas de la estructura, advirtiendo el tribunal de la estrecha vinculación de todos los implicados y subrayando que “este tipo de estructuras no se forman de la noche a la mañana”.
La prisión preventiva por 18 meses se impuso contra Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomas Enmanuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso.
Además de la medida dictada, se impusieron garantías económicas a saldar mediante contratos por un monto de $500,000 pesos cada uno para los imputados José Alfonso Acevedo García, José Rosario Marte, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amaurys Ramírez y Rubén Darío Núñez Ortega.
Este último grupo acudirá periódicamente por ante la Fiscalía los días 17 de cada mes, y tienen impedimento a salir del país, sin previa orden judicial.
El próximo martes, a las 3:00 de la tarde, el mismo tribunal se abocará a conocer la solicitud de medida de coerción contra el imputado Fausto Merán, quien será asistido por un defensor público, debido a que su defensa técnica abandonó el proceso en plena audiencia.
Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La Fiscalía de Santiago trabaja junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, en la investigación, con el apoyo de la Junta Central Electoral, uno de los organismos cuyo sistema se vio vulnerado por los imputados.
La irrefutable imputación del Ministerio Público, representado durante la audiencia por las fiscales Sourelly Jáquez Vialet, Yeny Liranzo, Esther González y Elvin Ventura, llevó a tres de los imputados a admitir los delitos, poniéndose a disposición del órgano investigador y a comprometerse con colaborar con la investigación.
