La Justicia española dispuso ayer el ingreso en prisión sin fianza del exvicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros de su gabinete, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.
La orden fue dictada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que impuso además una fianza de 50.000 euros al exconsejero de Empresa Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia) para poder eludir la cárcel.
Poco después de conocerse la decisión de la magistrada, desde Bruselas, el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont criticó la decisión judicial y acusó a los partidos constitucionalistas de desearles la cárcel.
Auto de prisión
En el auto de prisión, Lamela, apoya su decisión en la existencia de riesgo de fuga, después de la marcha a Bélgica, el pasado lunes, del Puigdemont y cuatro exconsejeros, quienes han manifestado su intención de no regresar a España hasta que no tengan “garantías judiciales”.
Contra todos ellos, la Fiscalía solicitó hoy la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), una decisión que la magistrada todavía no ha resuelto.
Sin mencionar a Puigdemont, Lamela afirma en su auto que “basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido”.
Igualmente destaca que la planificación, organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre fue financiado “con fondos públicos” que fueron “deliberadamente” destinados para este propósito.
Los miembros del Gobierno regional catalán cesado que ingresaron en prisión son, además de Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borr‡s (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior).
