Un total de 22 jueces han sido destituidos de sus funciones desde 2012 hasta la fecha, 10 hombres y 12 mujeres, principalmente por dictar fallos favorables a imputados.
Los jueces destituidos por los miembros del Consejo del Poder Judicial, por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, ejercían sus funciones en diferentes instancias judiciales, desde los juzgados de paz, hasta las cortes de apelación.
Los magistrados destituidos fueron Adolfo Oscar Caraballo Meriño, del Tribunal de Tierras La Altagracia; Gabriel Marchena Adames, de Paz de Villa Bisonó; César Mortimer Sánchez de los Santos, de la Corte de Apelación de Monte Cristi; Efraín Silva Mercedes, de la ejecución de la sanción de la persona adolescente de San Pedro de Macorís.
También, Juan Antonio Lazala Bautista, del Juzgado de la Instrucción de Constanza; Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo; José Dionicio Duvergé Mejía, de la Segunda Sala de Trabajo de la Provincia Santo Domingo; Ramón Rodríguez Matías, de la Instrucción de Monte Cristi, y José Antonio Cepeda Marty, del Tribunal de Tierras de Monte Cristi.
Mientras que las magistradas fueron Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial de La Romana; Luisa Rosa García Polanco, Primera Sala del Juzgado de Paz de Tránsito de Santiago; Ana Milady Hernández, Tribunal de Tierras de jurisdicción original de María Trinidad Sánchez; Aristilda Mercedes Rodríguez, del Juzgado Especial de Tránsito de La Romana.
También Margarita Cristo Cristo, de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional; Altagracia Mejía Roca, de la ejecución de la pena de San Pedro de Macorís, Marcia Reyes Silvestre, de la Cámara Civil de San Pedro de Macorís. Igualmente, Regina Carvajal Vizcaíno, de la Segunda Sala Penal de San Cristóbal; Claudia Canaán Díaz, del Juzgado de la Instrucción de Santiago Rodríguez; Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís y Ligia Alfonsa Figuereo Beltré, del Juzgado de la Instrucción de Elías Piña, estas tres son las últimas canceladas este año.
Expresa que las destituciones son producto del sistema de consecuencia establecido en el Poder Judicial frente a quienes se aparten de los lineamientos establecidos. San Pedro de Macorís, del Este del país, aglutina la mayor cantidad de jueces que han sido destituidos de sus funciones desde el 2012, cinco en total, seguido de San Francisco de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, Monte Cristi, San Cristóbal, La Vega, Santiago Rodríguez y Elías Piña.
Los jueces del área penal fueron los que emitieron más fallos escandalosos, cuyas decisiones recibieron el cuestionamiento público tanto por particulares como por el ministerio público.
Medida disciplinaria
La variación de medidas de coerción de prisión preventiva por libertad bajo fianza, intento de soborno, dar libertad bajo fianza sin justificación y negociar con sentencias, figuran entre las actuaciones que dieron origen a las destituciones.
Otros motivos fueron permitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado, manejo irregular del tribunal a su cargo, faltas graves en la conducción de las audiencias y manejo de los expedientes, así como también no hacer declaración jurada de bienes conforme al incremento de su patrimonio, ni llevar el protocolo de las sentencias, entre otros.
El 24 de febrero del 2012 fue cancelada la jueza Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, por emitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado; fallar asuntos de amigos, compadres y abogados a su servicio en ocasiones, sin tomar ninguna medida de prudencia, entre otras irregularidades.
El 27 de mayo del 2016, fue destituido Juan Antonio Lazala Bautista, juez de la Instrucción de Constanza, por variar la medida de prisión preventiva por garantía económica a un acusado de homicidio voluntario, bajo circunstancias cuestionables.
El 21 de julio del 2016 fueron destituidos los jueces Víctor Mejía Lebrón, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa misma jurisdicción, y José Dionisio Duvergé Mejía, de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de Santo Domingo, acusados de formar una red dedicada a manipular procesos judiciales y de negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Ese mismo año, el 30 de octubre, se produjo la cancelación de la jueza Luisa Rosa García Polanco, de la primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Santiago, por declarar inadmisibles medidas de coerción sin celebrar audiencias, ordenando administrativamente la libertad de los imputados. El juez de Paz de Villa Bisonó, Santiago, Gabriel Marchena Adames, fue cancelado el 30 de octubre del 2012, por haber ordenado la libertad provisional bajo fianza en favor de un imputado que se le seguía un juicio penal por el asesinato de una mujer.
TRIBUNAL CONDENA A 20 AÑOS A UN FEMINICIDA
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenó a 20 años de prisión a un hombre, tras ser encontrado culpable de agredir físicamente a su expareja, provocándole la muerte, hecho ocurrido en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional.
Las magistradas Gisselle Méndez, Altagracia Ramírez y Tania Yunes, en el dispositivo de la sentencia dispone que el imputado Jorge Luis Cepeda cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito narra que el suceso se produjo a las 8:30 de la mañana del 8 diciembre del 2016, cuando la víctima Haidi Gassiel Rodríguez González regresaba de llevar a la escuela a la hija que tenía en común con el condenado Jorge Luis, quien aprovechó este momento para llamar y obligar a su expareja entrar a su casa.
La fiscal litigante María Cristina Benítez explicó ante el tribunal que una vez dentro de la vivienda el acusado agredió físicamente a la víctima en la cabeza, cara y otras partes del cuerpo.
