La Cámara de Diputados de Brasil destituyó este lunes a Eduardo Cunha, arquitecto del impeachment de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, por ocultar cuentas bancarias en Suiza, en una nueva página de la crisis política que golpea al gigante sudamericano.
El plenario, con un quorum de 470 diputados, decidió poner fin a su mandato por 450 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones (el presidente no votó), al cabo de una sesión intensa en la que el propio Cunha asumió personalmente su defensa, replicando el gesto de Rousseff en las sesiones finales de su juicio político.
“Declaro la pérdida del mandato del diputado Eduardo Cunha por conducta incompatible con el mandato parlamentario”, señaló el fallo leído en el recinto.
La sentencia lo inhabilitó para postularse o ejercer cargos públicos por ocho años, a diferencia de Rousseff que conservó sus derechos políticos. Como su castigo entra en vigencia a partir del fin del actual periodo legislativo, la prohibición se extenderá por más de 10 años.
Ultraconservador, evangélico y fino conocedor de los laberintos reglamentarios del Congreso, Cunha fue acusado ante el Consejo de Ética de la cámara de ocultar cuentas bancarias en Suiza.
Enfrenta además causas ante el Supremo tribunal federal (STF) por corrupción pasiva, lavado de dinero, ocultamiento de cuentas en el extranjero abastecidas con dinero ilegal de Petrobras, abuso de poder y realización de maniobras para obstaculizar investigaciones, entre otras.
Durante su alegato, criticó a Rousseff y al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y durante largos pasajes encarnó al político calculador y dominante de los días en que presidía la Cámara. No obstante, por momentos se le quebró la voz. “No mentí, no hay cuenta, ¿dónde está la prueba? No hay prueba (…) No me juzguen por lo que dice la opinión pública”, pidió.
“Es el precio que estoy pagando para que Brasil quede libre del PT. Me están cobrando el precio del impeachment que acepté y que nadie más estaba en condiciones de hacer en ese momento”, dijo tras recordar a sus colegas que al menos 160 de ellos también enfrentan investigaciones judiciales.
