Cerrar el Fonper no basta. Se necesitará una exhaustiva auditoría de quién, cómo, cuándo y para qué se utilizaron los tropecientos mil millones que manejó.
Lo que propone el gobierno que llega el 16 de agosto es el desmonte de una estructura opaca, ramificada en instituciones que se solapan en funciones y mandatos. Manejadas arbitrariamente por clanes familiares que lo mismo consiguen “becas” en la Cancillería que contratos a través de testaferros no siempre bien disimulados.
Se trata de desmontar una corporación asentada en veinte años de manera meticulosa y muy eficiente. No cabe el borrón y cuenta nueva ni es factible pensar que cerrando instituciones se hace justicia.
La estructura no ha beneficiado solo a las altas jerarquías. Hablamos de que con cada institución que se cierra se pierden cientos, miles de puestos de trabajo. Muchos sobraban; lo justo es empezar por eliminar las famosas botellas. Y no reemplazarlas por las botellas afines porque en la situación actual del mercado de trabajo es una realidad dolorosa: las presiones sobre el empleo público son cada día mayores.
Se necesita una reingeniería del Estado pero no se pueden perder derechos adquiridos por los trabajadores ni pueden quedarse las facturas sin cobrar.
El objetivo es ambicioso. Vale la pena soñar con un estado de las dimensiones adecuadas, eficientes. Los éxitos logrados en la lucha contra la pobreza pueden caerse rápidamente porque no han sido estructurales o no han tenido el tiempo de asentarse.
Fonper, Tucanos, Sun Land, Odebrecht… son siglas, nombres que han quedado por resolver. Y ya es hora.
