Decenas de armas blancas, bebidas alcohólicas, teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos fueron ocupados en una requisa, supuestamente sorpresiva, hecha por la Dirección General de Prisiones, representantes del Ministerio Público, militares y agentes de la Policía en la fortaleza San Fernando de Montecristi.
Tras los decomisos de esas pertenencias, algunos reclusos intentaron amotinarse, pero fueron dispersados por militares y policías que lanzaron al menos dos gases lacrimógenos al interior del recinto carcelario.
Las autoridades dijeron que entre las armas incautadas figuran tres machetes, 30 teléfonos celulares, 44 cargadores, l6 baterías, nueve cuchillos, 18 cucharas afiladas, cinco tenedores, siete tijeras, nueve cortauñas, una caja de whiskys y dos cubetas en las que preparaban bebidas alcohólicas.
También equipos de música en la que operaba los fines de semana una discoteca en plena cárcel y un bar (prostíbulo con camas, que eran alquiladas a reclusos para que tengan sexo con mujeres), muchas de ellas prostitutas que visitan con frecuente el lugar, según trascendió.
Las requisas se realizaron luego de denuncias de familiares y presidiarios que se encuentran encerrados en esa cárcel, sobre supuestos maltratos por parte de otros reclusos que se autodenominan dirigentes del comité de disciplina que dirige otro interno conocido como “San Juan”.
La comisión que intervino el recinto carcelario estuvo encabezado por el coronel Miguel de los Santos Suero, encargado del S2 de la Cuarta Brigada del Ejército Dominicano en Valverde, el mayor de ese mismo organismo Apóstol Santiago Bernabé, mayor Antonio Quiroz Peña, inspector del Décimo Batallón de Infantería con asiento en Dajabón.
También el capitán Miguel Cruz Delgado, del S2 del Ejército de República Dominicana, el mayor Pedro García, comandante de la fortaleza San Fernando de Montecristi, María Guzmán, vicealcaldesa y el fiscal adjunto Francisco Santos Germosén.
Los militares y miembros de la comisión también entrevistaron a los reclusos, Jeffrey Castro, Nelson Sosa, Jairo Taveras Minaya y Nelson de Jesús Toribio, quienes sus familiares alegaban que estaban siendo sometidos a maltratos por parte de miembros del comité disciplinario.
