El portavoz Presidencial, Jorge Ortega, desligó hoy al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de tener alguna responsabilidad en que el Partido Patriota (PP), ahora gobernante, sobrepasara el techo de gasto electoral durante la campaña electoral de 2011.
Ortega indicó, en declaraciones a Efe, que el presidente está “desligado” del partido desde que asumió la primera magistratura del país y que sus acciones “no van en función” del PP.
Por ello, agregó, es la formación política la que debe “dilucidar esta situación”, explicar sus formas de financiación y enfrentar algún tipo de acusación si esta se produce.
Según un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el PP, junto al partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y la coalición UNE-GANA, excedieron el techo de gasto permitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la campaña de los pasados comicios, que llevó a Pérez Molina al poder.
De acuerdo a la ley guatemalteca, los partidos pueden gastar hasta 50 millones de quetzales (6,53 millones de dólares) durante los cuatro meses que dura formalmente la campaña proselitista de cara a los comicios generales.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las elecciones generales de 2011, más de 300 millones de quetzales (39,21 millones de dólares) no fueron reportados a este organismo como gastos de campaña.
Sobre el documento académico presentado este jueves en un hotel de la capital por el comisionado Iván Velásquez, Ortega dijo que se están “leyendo y analizando” las 120 páginas del escrito, que profundiza en varias campañas y en varios partidos políticos.
En este sentido, el portavoz indicó que lo importante del escrito es la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para evitar, en el futuro, este tipo de situaciones.
El informe dice que la financiación de los partidos está sujeta a los actos de corrupción y al crimen organizado, entre ellos el narcotráfico, y recomienda establecer un límite de la financiación, que cuando provenga del ámbito privado debe reducirse a una “mínima expresión que no supere el 20 por ciento del total”, explicó este jueves Velásquez.
