La controversial resolución 15-08, emitida el 4 de noviembre de 2008, que validó las serias irregularidades en la contratación de compras y servicios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos, fue derogada ayer por la Dirección de Contrataciones Públicas mediante la Resolución 02-18.
La recién derogada resolución fue en la que se amparó la Omsa durante la gestión de Manuel Rivas para realizar las adjudicaciones de contratos a empresas de allegados de funcionarios de la entidad.
Tras el escándalo de corrupción que se destapó en la Omsa, la Cámara de Cuentas realizó un informe que indica que durante el período de investigación que abarcó desde 2012 hasta 2017, a 51 proveedores les efectuaron pagos, autorizados por el director de la OMSA, por un monto de RD$3,029,885,296, sin suscribir contratos entre las partes.
Entre los hallazgos encontrados por la Cámara de Cuentas figura la emisión de 3,535 órdenes de compras a 33 empresas, sin observar las disposiciones del artículo 28 de la Ley 340 sobre contrataciones públicas, por RD$2,157,174,862, lo que representa el 64% del total de los pagos realizados por la OMSA durante el período auditado. Ante el informe, la Contraloría General de la República informó que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08 emitida por Compras y Contrataciones Públicas, en la que establece que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) podía hacer compras directas, y sin contratos, que fue lo que avaló la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
La Contraloría dijo en ese momento que el artículo 1 de la Resolución 15-08 avala la compra o contratación directa para los pasajes aéreos, combustible o vales de combustibles y la reparación de vehículos de motor. Este señalamiento está establecido en la comunicación DGCP44-2016-00194 y notificada a la Contraloría y la Cámara de Cuentas.
Con la nueva resolución los tres rubros que incluía la disposición 15-08 se tendrán que licitar “como se está haciendo con todo lo que compran las instituciones para que haya distribución de los recursos públicos destinados a los mismos, ofreciendo igualdad de oportunidades para los que tengan la capacidad”.
Además, la nueva resolución da un plazo de noventa días para que las instituciones diseñen, convoquen y adjudiquen los procedimientos para contratar dichos rubros de bienes y servicios.
