QUITO. La Fiscalía de Ecuador denunció ayer amenazas de muerte contra la fiscal Diana Salazar, quien investiga la entrega de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos.
“La Fiscalía General del Estado rechaza firmemente cualquier acto que busque amedrentar a sus funcionarios y trate de obstruir las investigaciones”, señaló el organismo en un comunicado tras dar a conocer las intimidaciones contra Salazar.
La Fiscalía colocó en su cuenta de Twitter un video en el que aparece un enmascarado y suena una voz distorsionada que exige la renuncia de Salazar. “No ponga en juego a su querida familia. Es hora de hacer verdadera justicia. Exigimos que renuncie inmediatamente”, advierte la voz.
Salazar coordina la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, organismo a cargo de la investigación sobre la trama de corrupción de Odebrecht. Por ese caso hay actualmente al menos 18 detenidos sin sentencias, entre ellos el vicepresidente Jorge Glas, a quien no se le han imputado cargos.
La Unidad investigó además el caso FIFAgate en Ecuador, que derivó en una condena de 10 años de prisión por lavado de activos contra el exjefe del fútbol local, Luis Chiriboga.
“En la vida se escoge la senda del bien o el mal. Esta vez le toca elegir a usted, doctorita, entre lo que hace y quiere para su familia (…) Justicia, verdad o muerte”, agrega la voz del video, que al inicio contiene la leyenda “Frente de Liberación Popular”, un supuesto grupo hasta ahora desconocido.
El Fiscal General de Ecuador, Carlos Baca, calificó las amenazas como “actos de cobardía” y aseguró que la lucha contra la corrupción “es un camino irreversible”, según cita el comunicado de la entidad.
El ministro del Interior, César Navas, señaló que “se ha desplegado todo el contingente de las unidades especializadas de la policía nacional para poder investigar este caso y sobre todo garantizar la vida, la salud y el bienestar de la fiscal y su familia”, según dijo en una entrevista con una radio pública.
Salazar fue quien halló indicios para investigar por asociación ilícita al vicepresidente Glas en el marco de la trama de sobornos de la firma brasileña.
El funcionario cumple prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre y es el político en activo de mayor rango en quedar tras las rejas por el caso Odebrecht.
