La Policía Federal incluyó el nombre del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una investigación que depura el pago de sobornos por parte de fabricantes de automóviles a cambio de la aprobación de leyes favorables a su actividad, según filtró ayer TV Globo.
La Policía añadió en su acusación, además de a Lula, a otra docena de personas, entre ellas los exministros Gilberto Carvalho y Erenice Guerra y a varios empresarios, entre ellos Paulo Ferraz, expresidente de Mitsubishi en Brasil, de acuerdo con el texto al que tuvo acceso TV Globo.
La investigación se refiere a la medida legislativa que extendió los descuentos tributarios a las montadoras y fabricantes de vehículos instalados en el norte, noreste y centro-oeste del país, los cuales se extinguían en marzo de 2010 y fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo con la Policía, esa medida se empezó a negociar en 2009, cuando Lula era presidente, y según pruebas recogidas por los agentes su aprobación implicó, según filtra TV Globo, el pago de seis millones de reales (cerca de dos millones de dólares), cuyo destino era el Partido de los Trabajadores (PT), entonces en el poder.
La Policía basa su denuncia en nuevas pruebas recogidas a partir de algunos de los lobistas investigados como reuniones, intercambio de correos electrónicos y encuentros entre Lula y el Mauro Marcondes, exvicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).
“Cabe destacar que el destino de los 6 millones de reales, que según el documento sería ‘Seis Mi (para a campanha)’, o sea, el valor sería para abastecer campaña del partido probablemente por caja ‘B’, como fue observado a lo largo de las investigaciones de la operación Lava Jato”, dice el texto de la Policía, citado por TV Globo.
Según la denuncia, facilitada por TV Globo, “hay indicios suficientes de materialidad y autoría de delitos de corrupción activa por las negociaciones y ofrecimiento de ventajas indebidas”.
Los documentos policiales citan a las empresas MMC Automotores, subsidiaria de Mitsubishi, y el Grupo CAOA, fabricante y vendedor de marcas como Hyundai, Ford y Subaru.
El reporte será remitido ahora a la Fiscalía, que será la encargada de decidir si continúa con la investigación o la archiva.
La denuncia se enmarca dentro de la “Operación Zelotes”, que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
La “Operación Zelotes” ha salpicado también a varios importantes banqueros y políticos, así como al exministro de Hacienda Guido Mantega, quien ocupó ese cargo durante el Gobierno de Lula y en el primer mandato de su sucesora, Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado por supuestas irregularidades fiscales.
El ex jefe de Estado, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, acumula cinco procesos penales en la Justicia brasileña por supuesta corrupción, la mayoría de ellos vinculados a la gigantesca trama destapada en la petrolera estatal Petrobras.
Lula, a pesar del escándalo, aparece como el líder más valorado en las encuestas y el mejor posicionado en caso de competir por la Presidencia en 2018.
El expresidente podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en las delaciones de 77 exdirectivos de la compañía Odebrecht que se sumaron a un acuerdo de colaboración judicial.
