Santiago.-El ingeniero Emilio Peralta, experto en ingeniería hidráulica dejo que es urgente que el Congreso Nacional, apruebe la Ley de Agua a fin de que el país se coloque a la altura de otros países de la región con una adecuada legislación que regule el uso y manejo de tan preciado líquido, fundamental para la supervivencia humana.
El especialista y preocupado por el tema del agua dijo que la mayoría de los países latinoamericano s, tienen sus leyes de aguas, desde los años 1970, y otros desde los años 1990, en las cuales se consagra la medición de ese recurso por el sistema volumétrico para todos los usos.
“En la República Dominicana, en pleno siglo XXI, apenas estamos introduciendo el tema de la Ley de Aguas, en el Congreso Nacional, mostrando poco interés para su conocimiento y aprobación”, precisó Peralta.
Manifestó que la Ley de Aguas de un país, cubre la gestión del agua en todos sus estados físicos, en todo el territorio nacional, abarcando los lugares de generación de corrientes (cuencas altas), los de usos urbanos y contaminación (cuencas medias), y los finales de las corrientes con énfasis en irrigación, drenaje y salida al mar (cuencas bajas).
En este sentido Emilio Peralta sostuvo que la Ley de Aguas, es el gobierno supremo del agua en todas sus manifestaciones, y su administración recae en las instituciones creadas para su gestión, en usos domésticos, generación hidroeléctrica, industrial, comercial, irrigación y cualquier otro.
El especialista fue reiterativo en señalar que en República Dominicana, no existe ley de agua razón por la que está atrasada, con relación a los demás países de la región en lo que tiene que ver con la gestión y manejo adecuado del agua.
Por tal motivo dijo que su solicitó tiene como propósito, estimular a las instituciones responsable de la legislación del agua en el país, para que salgan de este gran retraso en el que se encuentran en materia de regularidad del agua.
Es conocido que el Gobierno ha declarado como su prioridad en estos próximos cuatro años, la gestión del agua, y aunque esa declaración no fue refrendada en el presupuesto para el 2017, por ejemplo con la inversión en una nueva presa o en algún proyecto de cierta envergadura para el desarrollo del sector agua, al Estado se le presenta una gran oportunidad en auspiciar, al menos, la aprobación de la Ley de Agua.
Emilio Peralta sostiene que este marco legal desde hace muchas décadas ya se ha establecido en países como en Cuba, Bolivia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Honduras, México y Colombia, entre otros. El atraso en esta materia en nuestro país constituye otra vergüenza internacional.
Precisa que el factor agua es vital para sustentar un plan de desarrollo de los países, tanto para asegurar el consumo humano, como para el sector agrícola y para el industrial en generación eléctrica y en la explotación minera, entre otros importantes usos.
Pero en nuestro país los intereses que se han ido tejiendo entre las propias instituciones públicas del sector, como entre los usuarios, sobre todo los industriales y los usuarios de riego, han gravitado como obstáculos para impedir la aprobación y el establecimiento de la Ley del Agua en la República.
Dice que debido a esa debilidad se ha estado manejándo este importante recurso siguiendo tradiciones irracionales sustentadas por esos intereses que inducen al mal uso del agua y su desperdicio, provocando una gran pérdida de ese importante recurso y un deterioro peligroso de las fuentes productoras del agua.
La resistencia a la aprobación de la Ley de Agua, ahora no solo proviene de los intereses que sostienen el atraso dominicano, sino además de la indiferencia e indolencia que emergen del contexto vigente de la “gobernabilidad clientelar”.
Entiende que el Presidente Medina debería elevarse por encima de tanta conflictividad irracional y hacer valer su gran peso a favor de que el Congreso Nacional se aboque a la aprobación de la Ley de Agua de la República Dominicana donde se consigne “la medición de ese recurso por el sistema volumétrico para todos los usos”.
De modo que se dote al país de un marco jurídico que haga posible la modernización y uso racional del recurso agua y su preservación, como factor sustentador del desarrollo dominicano. Hay que incorporar la racionalidad técnica a una “gobernabilidad funcional” que levante sobre los factores del desarrollo.
