SANTO DOMINGO, República Dominicana.-En el Ministerio de Defensa (FFAA) se pagaron 334 millones de pesos por concepto de los denominados “especialismos militares”, pero sin ninguna regulación ni transparencia.
La violación fue detectada por auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en una auditoría que abarcó los años 2006 a 2010, durante los dos últimos gobiernos de Leonel Fernández.
En general, los auditores descubrieron irregularidades en el uso y administración de RD$1,500 millones.
Los auditores critican que el Ministerio de Defensa pagara RD$ 334 millones de supuestos “especialismos”, también conocidos en el argot militar como “sobresueldos”, sin que existiera un reglamento interno para su asignación y distribución de manera transparente y justa.
Tampoco se establecieron, según el documento oficial, escalas de compensación a pagar a quienes estaban en condición de ser beneficiados de acuerdo a las funciones, cargos y rangos, por lo cual la distribución de esos fondos carece de toda transparencia.
Violación a la Ley de Compras y Contrataciones
Las irregularidades detectadas en la auditoría se extienden también a las compras del Ministerio de las Fuerzas Armadas (hoy Defensa).
Por ejemplo, se descubrió la práctica de fraccionamiento para evadir la obligación de llamar a licitación on concurso en compras por un monto de RD$ 107.8 millones.
Las operaciones no cumplieron, asegura el documento, con las modalidades de selección establecida en la Ley 340.06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación.
La institución adquirió raciones alimenticias para los militares en compañías suplidoras dedicadas a la venta de computadoras y asesoraos, así como en una tienda dedicada la venta de artículos del hogar.
Refiere, además, que los suplidores no estaban -a la fecha de las operaciones- registrados como proveedores del Estado, ni al día con el pago de los impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estas dos violaciones invalidaban automáticamente a los proveedores para hacer cualquier tipo de negocio con entidades del Estado dominicano.
Otras 34 anomalías detectadas en las ejecuciones presupuestarias del periodo fiscalizado (206-2010) ponen en evidencia el nivel dispendio y malversación de los recursos públicos manejado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas.
No obstante, la Cámara de Cuentas ha preferido archivar la auditoría y no enviarla a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (PEPCA) para que los responsables deban dar las explicaciones de lugar o responder ante cualquier reclamo o acusación de parte del Ministerio Público.
Pese a que el informe definitivo de esta auditoría fue debidamente aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas en abril de 2013, no figura entre las 68 auditorías entregadas a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (PEPCA) entre el 2009 y 2013.
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