SANTO DOMINGO.- Agentes de la DEA se unieron a la comisión integrada por organismos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que investiga el envío a Europa y Estados Unidos de unos 500 kilos de cocaína en un avión desde la terminar del aeropuerto de La Romana, informaron fuentes ligadas a las investigaciones.
Además, la comisión profundiza las investigaciones para determinar si hay involucrados en el caso, oficiales de rangos superiores a los coroneles Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FAER, quien era jefe del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (Cesac), en La Romana, y al teniente coronel Robles Ramírez Pimentel, del Ejército de República Dominicana (ERD), asignado a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Ayer, el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, junto al presidente de la DNCD, vicealmirante Edmundo Félix Pimentel; el director del Cesac, Arecenis Castillo, y el vicealmirante Juan Ramón Soto, director de Asuntos Internos, del Mide, advirtieron en no se permitirá que se empañe la imagen de las Fuerzas Armadas.
El titular del Mide confirmó que se investiga a dos coroneles del ERD, a uno de la Policía, así como a otros oficiales, y civiles involucrados, en el plan que permitió facilitar el aterrizaje y salida de la aeronave de matrícula HK4909G, procedente de Cartagena, Colombia, que trajo los 500 kilos de cocaína.
La comisión investiga a los tres oficiales que también lograron “tumbar” el sistema de monitoreo del aeropuerto de La Romana, para permitir que la avioneta que trajo la droga lograra aterrizar y despejar con la droga.
Fuentes militares afirmaron que los militares involucrados aceptaron sobornos por más 15 millones de pesos para facilitar el aterriza y despegue de la aeronave colombiana.
“A la llegada de la avioneta el oficial del CESAC a cargo desactivó todo el dispositivo de seguridad del aeropuerto, y se violentaron todas las normas y procedimientos de seguridad de la terminal”, declaró Paulino Sem en una nota escrita.
Advirtió el titular de las Fuerzas Armadas que los militares a los que se compruebe su participación serán cancelados por violar los normas y procedimientos establecidos para la seguridad del AILR, la cual estaba bajo su responsabilidad.
Anotó que las investigaciones se profundizarán en coordinación con la Procuraduría General de la República para establecer si se trata de un caso de tráfico de drogas, “y si esos oficiales y el personal civil tienen responsabilidades penales, serán sometidos a la acción de la justicia”, sostuvo Paulino Sem.
La investigación, asegura el MIDE, se realiza siguiendo el debido proceso de ley, razón por la cual no se ofrecen los nombres de los presuntos implicados en el tráfico de estupefacientes.
Dijo que la investigación se llevará hasta las últimas consecuencias y si son culpables se les aplicará el peso de la ley.